La comisión del BES plantea la creación de una única entidad supervisora

Las conclusiones preliminares de la comisión que investiga la caída del Banco Espírito Santo (BES), arrastrado por los problemas del conglomerado al que pertenecía, apuntan a que debe valorarse si es necesario cambiar los mecanismos de control y designar una única entidad supervisora.

 

Los resultados de medio centenar de interrogatorios y unas 250 horas de audiencias fueron condensados en un informe presentado hoy en la Asamblea de la República, que trata de esclarecer las claves del derrumbe del mayor emporio empresarial de Portugal.

 

El Grupo Espírito Santo (GES), con intereses en las finanzas pero también en otros sectores económicos, comenzó a tambalearse en mayo del año pasado, cuando una auditoría detectó irregularidades contables en una de las sociedades situadas en la cúspide de la estructura del conglomerado.

 

Desde entonces, la caída fue en picado y dejó al borde de la quiebra a la mayor parte de las empresas que lo integran.

 

La demora en detectar estas irregularidades planteó la duda sobre por qué no funcionaron los mecanismos de control y supervisión y qué debe hacerse para evitar que se produzcan situaciones semejantes en el futuro, un asunto que fue directamente abordado en el informe presentado hoy.

 

El texto, que reconoce que la colaboración entre los supervisores se quedó “por debajo de lo deseable”, aboga por analizar “las ventajas y desventajas de que se evolucione hacia la existencia de una única o dos entidades de supervisión para toda el área financiera”.

 

En la actualidad son tres los organismos que supervisan las entidades financieras lusas: el Banco de Portugal, el Instituto de Seguros de Portugal y la Comisión del Mercado de Valores Mobiliarios (CMVM).

 

La creación de una entidad encargada de toda la supervisión evitaría problemas de coordinación como los surgidos en el caso del BES, de los que el informe cita varios ejemplos, como el hecho de que el Banco de Portugal conociera desde noviembre de 2013 información “relevante” sobre el BES que no fue comunicada a la CMVM hasta mediados de 2014.

 

En el centro del colapso del BES se sitúa su antiguo presidente y líder de uno de los clanes de la familia Espírito Santo, Ricardo Salgado, quien, de manera “probable”, manipuló intencionadamente las cuentas del grupo desde 2008 para ocultar los problemas financieros que estaba sufriendo, según el texto de la comisión.

 

Los conflictos de intereses surgidos en el seno de un “grupo familiar con gestión centralizada y frágil” terminaron por afectar al conglomerado, que utilizó a varias de sus empresas, incluido el BES, para conceder créditos a las sociedades que tenían problemas, a pesar del elevado riesgo de impago.

 

La caída del GES afectó también a empresas externas al grupo que poseían fuertes inversiones en sus sociedades, como es el caso de la operadora Portugal Telecom (PT), que depositó cerca de 900 millones de euros en sociedades del emporio familiar.

 

El colapso del grupo hizo que la inversión fuese prácticamente irrecuperable, lo que acabó por perjudicar enormemente a la operadora en su fusión con la brasileña Oi.

 

El informe de la comisión señala que, además del propio Salgado, los antiguos presidentes de PT, Henrique Granadeiro y Zeinal Bava, conocían y estuvieron envueltos, “con grados variables de detalle”, en las inversiones de la operadora en el GES.

 

Mientras el texto era presentado ante los diputados, clientes del BES afectados por la venta de papel comercial -a los que se hizo creer que estaban invirtiendo en un producto de bajo riesgo- se manifestaban frente a las sedes de Novo Banco en varias ciudades, incluida la capital.

 

Estos clientes se consideran afectados por la decisión de avanzar con la resolución del banco, que quedó dividido en dos: Novo Banco, que aglutina los activos saludables y fue recapitalizado con 3.900 millones de euros, y otra entidad con los activos tóxicos que mantuvo la denominación de “BES”.

 

Los supervisores, Novo Banco y el actual BES, deben llegar a un “consenso” para dar una solución “urgente” a estos clientes, determina el informe, que subraya la necesidad de “no dejar de responsabilizar a las entidades emisoras”.

 

El informe presentado hoy deberá ser modificado a partir de las aportaciones de los diferentes grupos parlamentarios, y la versión definitiva se hará pública el próximo 29 de abril.

 

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