Congreso rechazará las enmiendas de devolución de la Ley de Montes, que seguirá adelante

La ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina.

La ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina.

El Congreso de los Diputados rechazará hoy las siete enmiendas de devolución planteadas contra la reforma de la Ley de Montes, que la oposición contempla como una vía de entrada a la especulación en los terrenos incendiados y un modo de restar competencias a los agentes forestales en investigación de delitos.

 

La enmiendas a la totalidad han partido del PSOE, BNG, Esquerra, Compromís, PNV, UPyD e Izquierda Plural, que serán votadas al final de la sesión plenaria, aunque el PP ya ha adelantado su veto a las mismas y, por tanto, gracias a su mayoría parlamentaria no prosperarán.

 

Solo CiU se ha pronunciado a favor del texto, con la matización de que durante la siguiente fase de tramitación presentará un conjunto de enmiendas para su mejora.

 

Durante la defensa del proyecto, la ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, ha insistido en que las funciones de los agentes forestales “no cambian sino que se mejora la coordinación” con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado cuando ambos concurran en la misma investigación, “aproximadamente en un 2 % de los casos”.

 

Ha asegurado asimismo que los cambios de uso de terrenos incendiados sólo serán viables cuando existan razones imperiosas de interés público de primer orden.

 

Dicha recalificación necesitará de la aprobación de una norma con rango de ley, lo que exige un proceso de participación pública y la reposición de una superficie equivalente a la que ha cambiado el uso, ha añadido.

 

Los principales fines de esta reforma, la tercera en diez años, son la protección de la biodiversidad, la creación de empleo y riqueza de la población rural, la prevención de los incendios forestales y la lucha contra el cambio climático.

 

Durante su turno de defensa de la enmienda a la totalidad, la portavoz socialista de Medio Ambiente, Pilar Lucio, ha señalado que la posibilidad de recalificar un terreno incendiado es como dar “armas de destrucción masiva a los especuladores y delincuentes”.

 

Tras desearle a la ministra una buena gestión respecto al buque ruso hundido al sur de Gran Canaria, Lucio ha definido la reforma de esta ley como “profusa, difusa y confusa”, que concede “excesivas” competencias a las comunidades autónomas a la hora de aprobar dichas recalificaciones, al tiempo que resta capacidades a los agentes forestales y medioambientales.

 

La norma “explicita una subordinación al Seprona de la Guardia Civil, merma la capacidad de actuación de investigación y denuncia y suprime su condición de policía judicial”, ha subrayado.

 

Un grupo de agentes forestales ha seguido el debate desde la tribuna de invitados de la Cámara, después de protagonizar esta mañana una protesta a las puertas del Congreso, apoyados por ecologistas, sindicatos y partidos de la oposición.

 

El diputado de Izquierda Plural Josep Pérez Moya ha razonado que la propuesta del Gobierno no puede ser válida cuando se presentan siete enmiendas a la totalidad: “Alguna cosa no se estará haciendo bien”.

 

Tras destacar a los agentes forestales como uno de sectores más perjudicados por la aplicación de la futura norma, ha criticado los que ha calificado como fines “especulativos” de la reforma y la “invasión de competencias”.

 

Carlos Martínez Gorriarán (UPyD) ha felicitado irónicamente al Gobierno, porque pone de acuerdo a toda la oposición con este tipo de leyes de carácter “regresivo” y ha lanzado la sospecha de que en el futuro se quiera privatizar el cuerpo de agentes.

 

En la línea del resto de grupos, también ha criticado la posibilidad de recalificar los terrenos incendiados antes de que transcurran los 30 años establecidos en la normativa vigente.

 

Olaia Fernández Davila (BNG), Teresa Jordà (Esquerra), Maite Ariztegui (Amaiur), Joan Baldoví (Compromís-Equo) y Joseba Agirretxea (EAJ-PNV) han mostrado también su preocupación, porque “se abre la puerta” a la especulación y se dificulta la investigación de delitos por parte de los agentes forestales, rurales y medioambientales.

 

La popular María Teresa de Lara ha mostrado su “estupor e indignación” por las palabras de la oposición, que muestran “en general un profundo desconocimiento del texto”.

 

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