El Consejo de Ministros estudia un anteproyecto de Ley de Contratos del Sector Público

El Consejo de Ministros estudia mañana un anteproyecto de Ley de Contratos del Sector Público que introduce y potencia diversas medidas para agilizar y simplificar la contratación pública, informaron a Europa Press fuentes oficiales.

 

El ámbito de aplicación de la nueva ley incluye por primera vez, en determinadas circunstancias, a los partidos políticos, organizaciones sindicales y organizaciones empresariales, así como a las fundaciones y asociaciones vinculadas a cualquiera de ellos.

 

En esencia, les resultará de aplicación la nueva ley siempre que la financiación de cualquiera de estas entidades sea mayoritariamente pública, es decir, que sus ingresos provengan de fondos públicos en más de un 50%.

 

La ley también restringe la posibilidad de aplicación del procedimiento de adjudicación de contratos sin publicidad y crea un nuevo procedimiento abierto simplificado.

 

Además se crea un comité de cooperación en materia de contratación pública, en el seno de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado, que contará con representantes del Estado, comunidades autónomas y entidades locales.

 

REDUCIR CARGAS ADMINISTRATIVAS

 

El anteproyecto también busca reducir las cargas administrativas de las empresas que contraten con las administraciones y entidades públicas, “habilitando la explotación sistemática de las posibilidades que actualmente ofrecen las nuevas tecnologías”.

 

El objetivo es conseguir una contratación pública “más ágil, más eficaz, más transparente y más accesible a todas las empresas”.

 

Entre estas medidas destacan el impulso de la contratación electrónica, mediante la cual las empresas podrán concurrir a los contratos públicos de manera más simple, ágil, rápida, segura y transparente.

 

La ley hace posible el uso generalizado y plenamente eficaz en la contratación pública de los actuales medios electrónicos de comunicación tales como el correo electrónico, estableciendo los mecanismos necesarios para garantizar la seguridad de los mensajes y su recepción por sus destinatarios.

 

En línea con lo previsto en las Directivas de la Unión Europea, con el objetivo de facilitar y simplificar la participación de las empresas en la contratación pública y reducir su cargas administrativas, se generaliza el uso y se amplía el ámbito de aplicación de las “declaraciones responsables” del empresario en sustitución de los documentos acreditativos de sus condiciones de aptitud para contratar.

 

Por último, la Ley crea el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público, reuniendo en un único registro la información y documentación de los empresarios necesaria para la contratación, hasta ahora inscrita, de forma dispersa o redundante, en el Registro del Estado y en los registros análogos mantenidos por las comunidades autónomas.

 

Print Friendly, PDF & Email
Me gusta
Me gusta Me encanta Me divierte Me asombra Me entristece Me enfada