El FROB tendrá que devolver 8,5 millones a Jove y otros cuatro inversores

El empresario gallego Manuel Jove, a su entrada a los Juzgados de A Coruña.

El empresario gallego Manuel Jove, a su entrada a los Juzgados de A Coruña.

El Juzgado de Instancia número uno de A Coruña ha condenado hoy al FROB a devolver algo más de 8,5 millones de euros a Manuel Jove y a otros cuatro inversores por considerar, como hizo ayer cuando aplicó esta condena al caso de Gadisa, que existió mala fe y se ocultó información.

La magistrada Marta Canales explica en una sentencia, prácticamente idéntica a la de ayer, que existió “dolo en el consentimiento” y por lo tanto declara la “nulidad del citado compromiso de inversión” y la “restitución de las recíprocas prestaciones” valoradas en 8.535.733,69 euros, además de los intereses.

Esta cifra está dividida en 6.025.223,30 euros aportados por Inveravante, propiedad de Manuel Jove, otros 2.008.408,11 euros de Ranebé 2003, 100.420,86 más de Metalships & Docks y dos inversiones de 200.840,71 euros de los empresarios Santiago Rey Fernández-Latorre y José Luis Vázquez Mariño.

En total el FROB ya suma 18.644.943,51 euros a devolver a seis inversores después de las dos primeras sentencias, pues existe otra que obliga a restituir, con intereses, los 10.109.209,82 euros aportados por Gadisa.

La juez detalla que los inversores no tienen “obligación de reintegrar el objeto de la venta” porque las acciones fueron amortizadas en su día aunque NCG Banco y el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) tendrán que abonar las costas.

El bufete SLJ Abogados representó a todos los demandantes, que perdieron más de setenta millones de euros y todavía tienen procesos pendientes, a través de Daniel Jiménez que ya ayer mostró su “satisfacción” con una “sentencia muy bien fundamentada”.

Llama la atención la magistrada sobre el ajuste contable de 1.127 millones de euros que necesitó un capital adicional 948 millones y que se hizo en marzo de 2012 aunque con efecto retroactivo a diciembre de 2011, cuando la venta de las acciones a Gadisa se efectuó el 12 de enero de 2012.

La información de la que disponía la empresa eran documentos como uno titulado “Novacaixagalicia, una oportunidad de inversión única en el sector financiero español”, fechado en mayo de 2011 y otros que no mostraron una imagen real de la situación de la entidad.

En los papeles “se insiste en que los mercados están valorando todo a la baja” y “se dice que la entidad no está nacionalizada, es recapitalizada”, además de añadir que la entrada del FROB “sitúa entre las entidades financieras del mundo con mayor índice de capitalización”.

Los demandantes estaban “a ciegas” mientras el banco y el FROB disponían de información relevante, pues en el juicio su representante “expuso literalmente que sí, que tiempo después se había visto que esa información era relevante”.

Entonces decidieron “callarse y poner a la firma la escritura de compraventa” mientras que eran los inversores los que tenía “que decidir si pese a ello mantenían su compromiso de inversión” y “se le privó de adoptar una decisión libre, consciente y voluntaria, viciándose su consentimiento ante la ocultación de la información”.

El hecho de que las partes “demandadas sabían que ese ajuste era necesario, con una importancia relevante, retroactivo e insalvable” lo constata la magistrada desde el 15 de diciembre de 2011, aunque reconoce que la “preocupación que existía era la de proyectar una imagen de continuidad del banco”.

Conociendo todos los detalles, el NCG Banco y el FROB “nada hicieron ni dijeron”, algo que la Justicia considera que apunta a la existencia de mala fe.

“Que los ajustes eran importantes y que la nueva normativa lo era, es una realidad. Como también que los demandados sabían lo que sucedía. Y optaron simplemente por silenciarlo al inversor. Omitiendo así una información tan relevante que hubiese generado su huida y negativa a la firma”, concluye, como hizo ayer, la sentencia.

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