Muface pagó 24.000 reconocimientos médicos en 2010 aunque sólo se realizaron 1.891

La Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (Muface) pagó en el año 2010 al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y al Instituto Catalán de Evaluaciones Médicas por la realización de unos 24.000 reconocimientos médicos a trabajadores públicos, si bien finalmente sólo se realizaron 1.891.

 

Ésta es una de las “deficiencias” que el presidente del Tribunal de Cuentas, Ramón Álvarez de Miranda, ha puesto este martes de relieve durante su presentación ante la Comisión Mixta (Congreso-Senado) del ‘Informe de fiscalización de las prestaciones por incapacidad del régimen del Mutualismo Administrativo gestionado por Muface’, que comprende los ejercicios de 2008 a 2011.

 

Según el documento, Muface encomendó en 2010 los reconocimientos médicos para seguir las incapacidades temporales (IT) y de riesgo durante el embarazo y la lactancia natural al INSS y al Instituto Catalán, a los que pagó un precio establecido por 24.000 intervenciones, a pesar de que ese número “global máximo” estaba “muy alejado de la realidad”. Al año siguiente, se mantuvo el sistema aunque Muface redujo a la mitad el número de reconocimientos previstos.

 

RETRASOS EN LOS INFORMES

 

Un encargo que se produjo a pesar de que el INSS tardaba de media más de tres meses en presentar dictámenes de prestaciones gran invalidez y al menos dos meses en los de lesiones, unos plazos “excesivos” a juicio del Tribunal de Cuentas, que señala también que la mayor parte de pagos indebidos de prestaciones se debían a que “Muface tenía conocimiento de la fecha del alta médica del mutualista después de haber pagado”.

 

No obstante, los deudores devolvían normalmente las cantidades cobradas en exceso dentro del periodo voluntario, si bien el balance de Muface no recogía ni la deuda reclamada y pendiente de cobro, a no ser que se enviara a la Agencia Tributaria para su cobro por la vía ejecutiva.

 

Además, la Mutualidad carecía de un procedimiento reglado y completo para reclamar el reintegro de los pagos excesivos o para compensarlos con cargo a una futura prestación, y cada servicio provincial utilizaba un mecanismo diferente, dándose dos fases –en la sede provincial y en los servicios centrales– sin intercomunicación, lo que “imposibilitaba el seguimiento y control” de cada caso.

 

En la gestión de las prestaciones económicas por lesiones permanentes no invalidantes también se apreciaron “deficiencias”, sobre todo por la duración de los plazos de tramitación y resolución y por la “frecuente falta de puesta de manifiesto” del expediente al interesado.

 

OTROS INCUMPLIMIENTOS

 

Por otra parte, Álvarez de Miranda ha destacado los incumplimientos de la normativa por parte de Muface, entre los que destaca el que no se anotaran en el registro de entrada las solicitudes de prestaciones ni otros documentos relacionados, con lo que “no existía garantía de su presentación”, afectando a su vez a los plazos de resolución.

 

Además, la formación recibida por los funcionarios que trabajan en Muface era “escasa” y “no siempre estaba relacionada con los trabajos que desarrollaban o con las herramientas informáticas”, que tampoco eran completas, ya que áreas como las de reintegros de prestaciones indebidamente pagadas o la de recursos administrativos carecían de una aplicación específica.

 

Con respecto a la sede electrónica, aunque Muface la puso en marcha en marzo de 2010 dos años más tarde aún no podía ser utilizada para solicitar y tramitar prestaciones por parte de los funcionarios, pese a que el plazo establecido para su puesta en funcionamiento finalizaba en diciembre de 2009.

 

Esta falta de interconexión, junto con el envío de información incompleta por parte de los centros administrativos, impedía que Muface pudiera hacer un seguimiento completo de las incapacidades temporales y de las prestaciones por riesgo durante el embarazo y la lactancia.

 

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