El Parlamento urge a las universidades públicas a contar con un sistema de contabilidad para mayor transparencia

La Comisión Mixta (Congreso-Senado) para las relaciones con el Tribunal de Cuentas insta a las universidades públicas a instaurarse un sistema de contabilidad analítica que incremente la transparencia de sus cuentas, la gestión del personal, así como los costes de los distintos estudios, en línea con el decreto de reforma universitaria de abril de 2012.

 

Así consta en las propuestas de resolución planteadas por los ‘populares’, que han sido aprobadas este martes, en relación con el Informe de fiscalización de las universidades públicas de 2012.

 

En dicho informe, presentado en las Cortes en febrero, se alertaba de que, en 2012, las universidades públicas españolas tenían una deuda de 620,1 millones de euros, al mismo tiempo que se destacaba unas obligaciones ese año por un importe de 9.219 millones de euros, y derechos por 9.278 millones.

 

Además, se resaltaba que los gastos más relevantes eran los de personal, que suponían en los centros presenciales el 61% del total de obligaciones reconocidas, mientras que por el lado de los ingresos, se constataba el “importante peso específico” de la financiación pública a través de subvenciones y de transferencias, que representan en los centros públicos presenciales el 77% de los derechos reconocidos.

 

El informe destacaba también la reducción paulatina de los excedentes de tesorería mantenidos en entidades de crédito, junto con las inversiones financieras temporales en que se han materializado picos de tesorería, con decrecimientos en el periodo cercanos al 50%.

 

MAYOR CONTROL INTERNO

 

Así, los parlamentarios sugieren también a las universidades públicas la creación y el reforzamiento de las unidades operativas de control interno, desarrollando las mismas para que sean efectivas teniendo en cuenta la complejidad de las actividades que se realizan en las universidades y la diversidad de los sistemas de control de la administración regional y los crecientes requerimientos de las intervenciones de las administraciones públicas financiadoras.

 

Además, ven conveniente que se inste a las comunidades autónomas al establecimiento de la normativa específica para el control presupuestario de las universidades, en especial en la gestión de la tesorería, que se alineen con la normativa de la región y, en su caso, con las previsiones de equilibrio presupuestario establecidas.

 

Igualmente, los parlamentarios plantean que se reclame a las universidades la creación de planes estratégicos que adecuadamente reflejen los instrumentos de financiación así establecidos por las comunidades autónomas, estableciendo concreción sobre las futuras cantidades presupuestadas.

 

A su vez, se les urge a un mayor control sobre las entidades vinculadas o dependientes de las universidades para evitar que éstas sean utilizadas para eludir los controles que sobre el gasto y la contratación se han establecido por las necesidades de consolidación fiscal, y con ello se recomienda el establecimiento de un inventario de las mismas, el desarrollo de su normativa regulatoria y de sus necesidades de control futuro.

 

A propuesta del PSOE, también proponen que aquellas universidades que aún no hayan adaptado sus estatutos a las modificaciones introducidas por la LOU y sus normas de desarrollo, lo hagan con carácter de urgencia, además de que las universidades aceleren el proceso de adaptación de su información contable a un sistema de contabilidad analítica con criterios comunes a todas ellas que permita conocer el coste real del servicio público de la educación universitaria entre 2015-2016.

 

También plantean instar a las universidades a fijar un plazo para realizar un inventario completo y actualizado de los entes dependientes de cada una de ellas, así como de aquellos participados o vinculados, además de realizar con carácter inaplazable sus relaciones de puestos de trabajo diferenciando entre funciones docentes y de investigadores.

 

Finalmente, y de acuerdo con las universidades y las comunidades autónomas, quieren que se impulsen las modificaciones normativas necesarias para desarrollar la Ley de Universidades socialista y que se refuerce el control atribuido a los consejos sociales para hacer efectiva la supervisión de las actividades de carácter económico.

 

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