España fletó 134 vuelos de deportación el año pasado para expulsar a 3.373 inmigrantes

El Ministerio del Interior fletó en solitario o en colaboración con Frontex un total de 134 vuelos el año pasado con los que expulsó a 3.373 inmigrantes a sus países de origen o procedencia, según los datos anuales que recopila el Defensor del Pueblo en su función de Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP).

 

El informe, del que ha dado cuenta la Defensora, Soledad Becerril, este martes en el Congreso, recoge datos de la Dirección General de la Policía según los cuales, el grupo más amplio de vuelos de repatriación fueron nacionales: 80 con destino a Ceuta para expulsar a 1.555 personas a Marruecos y 19 a Melilla con los que se deportó a 82, fletados en ciudades como Jerez, Madrid o Barcelona.

 

En cuanto a los vuelos internacionales, un total de 18 fueron fletados en solitario por la Comisaría de Extranjería y Fronteras y con ellos se ejecutó la expulsión de 698 personas fundamentalmente a Malí, Senegal, Nigeria, Colombia y Ecuador. La Defensora supervisó cuatro de este tipo.

 

Asimismo, participó en 17 vuelos conjuntos organizados por Frontex con destino a países como Pakistán, Georgia, Macedonia o Albania en los que embarcó a 237 extranjeros, conforme los datos recopilados por el Mecanismo Nacional de la Tortura.

 

No obstante, los vuelos no son el único mecanismo de repatriación: a lo largo del año pasado, la Policía Nacional ejecutó la expulsión de 801 personas a Argelia a bordo de 70 barcos que partieron de Alicante y Almería. En total, al cabo del año España repatrió a 11.817 extranjeros, ya fuera expulsándoles a otro país (7.696) o devolviéndoles a su origen en el puesto fronterizo (4.121).

 

El informe recoge las recomendaciones sobre estos operativos de repatriación que ha venido elevando la defensora, como que los afectados sean sometidos a un reconocimiento médico previo al embarque o después, en caso de que el operativo se haya visto frustrado, que los operativos se graben y que en los aviones haya médico e intérprete.

 

Por otra parte, el MNP da cuenta de las llegadas de extranjeros a España sin permiso y el tratamiento que reciben en primera acogida, las detenciones por estancia irregular en territorio nacional y los Centros de Internamiento de Extranjeros, sobre los que este año se detiene para destacar determinadas buenas prácticas.

 

Los datos del Defensor del Pueblo cifran en 12.549 las personas que entraron irregularmente en España el año pasado, de las que 4.613 llegaron a la Península, 7.485 a las ciudades autónomas (1.666 a Ceuta y 5.819 a Melilla), 427 a Canarias y un total de 24, a las Islas Canarias.

 

Sobre el particular de Melilla, indica que de los 5.819 extranjeros que entraron sin permiso, algo menos del diez por ciento, 574, lo hicieron saltando la valla fronteriza. La mayoría utilizaron documentación falsa (2.861) o entraron utilizando un vehículo (2.069). En el caso de Ceuta, 201 de los 1.666 saltaron el vallado.

 

REFORMA URGENTE DE LOS DISPOSITIVOS DE ACOGIDA

 

El MNP se fija en las instalaciones que acogen a extranjeros en situación irregular que llegan a España en embarcaciones desde el norte de África, denominadas centros de primera asistencia y detención de extranjeros, y afirma que “no reúnen las condiciones más adecuadas para personas que llegan después de una travesía que, normalmente, se alarga durante días en condiciones muy duras, tanto física como psicológicamente”. “Se considera necesario acometer una reforma urgente de estas dependencias, dado el estado de conservación y mantenimiento de las mismas”, dice el informe.

 

Según explica, la detención en estas dependencias, cuya duración media es de 48 horas, afecta especialmete a menores y mujeres embarazadas, por lo que es necesario un protocolo específico para estos casos, especialmente porque “como norma general, se adopta la medida de privación de libertad en tanto se realizan las gestiones o actuaciones necesarias tras la llegada a la costa de estas personas” y a juicio del MNP “se deberían buscar otras alternativas”.

 

“La Convención de Naciones Unidas de los Derechos del Niño establece que la privación de libertad de un menor debe ser una medida de último recurso y por el periodo de tiempo más breve posible”, recuerda la Defensora del Pueblo, para incidir en que la alternativa sería el alojamiento en centros destinados a la acogida humanitaria. Si no se puede conseguir, “debería justificarse” el motivo.

 

A juicio del MNP, “es prioritario” que en los casos de niños que van con sus padres, “el interés superior del niño conlleve, antes que a la detención de la familia, al mantenimiento de la unidad familiar sin recurrir a una medida privativa de libertad”, así como que tengan prioridad, igual que las embarazadas, a la hora de ser reseñados a su llegada para que no tengan que esperar turno con el resto del pasaje.

 

“Deben facilitarse los medios para que las mujeres gestantes y los menores puedan ducharse, con agua caliente y recibir una alimentación adecuada de manera inmediata”, prosigue el informe del MNP, que insiste en que es “prioritario” que niños y gestantes tengan acceso al aire libre, que en todas las dependencias haya colchones gruesos y se les ofrezcan mantas que no hayan sido usadas previamente. Pide también que los módulos estén limpios y se desinfecten “con mayor frecuencia”.

 

MITAD EXPULSADOS, MITAD EN LIBERTAD

 

El informe detalla que a lo largo de 2014, se registraron 42.245 detenciones en calabozos de ciudadanos extranjeros por infracción de la Ley de Extranjería, un 15% menos que en 2013, cuando fueron 49.406. De todos estos detenidos, 7.340 fueron internados en los CIE, y de ellos, a su vez, 3.483 fueron expulsados, es decir, que el 47,45% acabaron en libertad, cifra similar a la del año 2013.

 

Estos datos, que el MNP atribuye a la Dirección General de la Policía, difieren de los facilitados por el Ministerio del Interior en una respuesta parlamentaria por escrito el pasado mes de abril cuando, a petición de Amaiur, cifraba en 7.286 los inmigrantes detenidos en los CIE y en 3.930 los que acabaron en libertad, es decir, casi el 54%.

 

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