España apoyará la propuesta europea de incluir una cláusula anticorrupción en el acuerdo UE-EE.UU.

El Gobierno de España apoyará la propuesta de la Comisión Europea (CE) de incluir una cláusula anticorrupción en el Tratado Trasatlántico de Libre Comercio (TTIP, por sus siglas en inglés) que la UE está negociando con Estados Unidos.

 

Así lo ha avanzado este jueves el secretario de Estado de Comercio, Jaime García-Legaz, que ha explicado a la Comisión de Economía del Congreso que la CE pedirá incluir al tratado una cláusula que Estados Unidos ha incorporado a sus últimos acuerdos de libre comercio para que las partes se comprometan a luchar contra las prácticas corruptas tanto a nivel nacional como internacional.

 

Aunque el tema no se ha discutido aún a nivel comunitario, de cara a que la Comisión fije una postura para cuando el asunto surja en las negociaciones con Estados Unidos, García-Legaz ya ha avanzado que el Gobierno español dará el “máximo apoyo” a la propuesta.

 

COOPERACIÓN REGULATORIA

 

El secretario de Estado de Comercio ha destacado que los “mayores” beneficios del TTIP provendrán de incrementar los intercambios de buenas prácticas y facilitar los contactos entre reguladores, en aras a establecer sistemas que sean más compatibles y que, por tanto, interactúen de forma más sencilla, ocasionando menos costes.

 

Para ello, la CE quiere crear un Órgano de Cooperación Regulatoria con representantes de alto nivel de la UE y de Estados Unidos que establezca las prioridades de trabajo en este área, publique informes periódicos e interactúe con las partes externas (sindicatos, empresas, ONGs, etc.).

 

Este organismo debería facilitar el seguimiento de las regulaciones a ambos lados del Atlántico y trasladar las notificaciones anuales de los proyectos normativos que ambas partes hagan para poder conocer de antemano las áreas de trabajo en las que se centrarán durante el ejercicio y poder colaborar en medidas de futuro que sean de interés mutuo.

 

OTROS TEMAS EN LIZA

 

García-Legaz también ha indicado que dentro del acercamiento de normativas se negocia sobre los obstáculos técnicos al comercio y las medidas sanitarias y fitosanitarias para eliminar aquello que sea “innecesario”. En cualquier caso, ha vuelto a asegurar que no se permitirá el comercio de carne hormonada ni se comprometerá la regulación comunitaria sobre transgénicos.

 

En cuanto a las barreras arancelarias, ha reconocido discrepancias entre el Gobierno estadounidense, que busca una liberalización total del comercio bilateral con periodos largos de desarme arancelario, y el Ejecutivo comunitario, que prefiere contingentes arancelarios de volúmenes fijos para un número limitado de productos sensibles.

 

No obstante, espera que Estados Unidos “mejore” lo propuesto hasta la fecha en términos de volumen ofrecido y que aclare el tratamiento que dará a productos sensibles como los vinos o las aceitunas.

 

SERVICIOS Y SERVICIOS PÚBLICOS

 

En relación con los servicios, y dada la negativa de Estados Unidos a tratar aspectos para aproximar normativas financieras a futuro, la UE declinó incluir compromisos sobre este tipo de servicios. No obstante, Estados Unidos ha mostrado “cierta disposición” a dialogar, por lo que podría haber avances.

 

García-Legaz ha asegurado asimismo que el TTIP “no obligará a ningún Gobierno a abrir sus servicios públicos a proveedores privados ni a que se privatice un servicio público”, que “no se están negociando ni se van a negociar”, y que los temores a una liberalización total de los servicios públicos son “totalmente infundados”.

 

Sí servirá, no obstante, para reconocer cualificaciones a ambos lados del océano –España está especialmente interesada en el reconocimiento de arquitectos e ingenieros– y para favorecer la movilidad de personal cualificado. En concreto, el Gobierno pretende conseguir una cuota anual separada para este tipo de visados.

 

En cuanto a las compras públicas, Europa pretende que las convocatorias con fondos federales excluyan a los concursantes europeos de la cláusula ‘buy American’ o que se les dé el mejor trato que reciben las compañías americanas de otros estados federados en los concursos con financiación propia. No obstante, los estados federados aún no han definido su posición a este respecto.

 

Más allá de los temas sectoriales, en los que no se ha avanzado mucho, la tercera pata del TTIP gira en torno a las reglas globales que se están negociando en ámbitos como el de las indicaciones geográficas, la regulación de las diferentes fuentes de energía y materias primas o las pymes, las “grandes beneficiadas” del acuerdo y para las que habrá un portal electrónico sobre aranceles, impuestos y legislación aplicable en la importación.

 

DERECHOS LABORALES Y PROTECCIÓN A INVERSORES

 

Dos de los puntos más polémicos de las negociaciones hacen referencia a los derechos laborales y la protección a inversores. Sobre el primer asunto, el secretario de Estado ha insistido en que no habrá una revisión a la baja de la legislación laboral y que la CE pretende proponer que el tratado incluya la obligación de respetar las convenciones fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

 

En cuanto al mecanismo de solución de diferencias inversor-estado, García-Legaz ha resaltado que hay un amplio acuerdo sobre la necesidad de mejorar el actual sistema para conseguir uno más permanente, y que la cuestión no es excluir esta protección a inversores, sino qué disposiciones reformadas se incluyen en el TTIP.

 

Y la CE pretende asegurar que estas cláusulas no reducen la capacidad legislativa de los estados, que se va a un sistema de arbitraje controlado públicamente, independiente y objetivo y, en el medio y largo plazo, a una corte permanente internacional de arbitraje de inversiones; que se incorpora un mecanismo de apelación similar al de la OMC, y que mejorar la relación entre tribunales nacionales y de arbitraje.

 

Finalmente, García-Legaz ha subrayado que la negociación, aunque no ha avanzado mucho, se está llevando a cabo con transparencia y ha destacado las “enormes oportunidades” que el TTIP ofrecerá a ambas partes, advirtiendo de que Estados Unidos ya negocia con varios países asiáticos un acuerdo de libre comercio que perjudicará el papel de la UE en el comercio mundial.

 

El Gobierno espera poder presentar a mediados de septiembre un informe sobre el impacto del TTIP sobre diferentes sectores económicos. Pero García-Legaz asegura que el único coste del acuerdo sería “no firmarlo”.

 

APOYO EN DISTINTOS GRADOS

 

En esta coyuntura, el ‘popular’ Santiago Martínez ha mostrado el “apoyo firme y sin fisuras” a un acuerdo “pensado para eliminar barreras, crecer y crear empleo”.

 

El portavoz socialista de Economía, Juan Moscoso del Prado, ha pedido al Gobierno un “esfuerzo” de transparencia y que sea “claro en sus líneas rojas”, mientras que el portavoz económico de UPyD, Rafael Calduch, ha apoyado las negociaciones de un tratado que responde a la “tendencia histórica” de organizar la economía en bloques y que beneficiará a los ciudadanos europeos.

 

Por su parte, Inmaculada Riera (CiU) espera que se llegue a un consenso siempre respetando los estándares europeos en materia laboral, medioambiente, defensa del consumidor, protección de datos o propiedad intelectual. Y Pedro Azpiazu (PNV) cree que el acuerdo es “especialmente necesario” para las pymes y que beneficiará a todos los ciudadanos, aunque critica la falta de transparencia.

 

Por contra, el portavoz adjunto de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), Joan Coscubiela, cree que las negociaciones se están llevando a cabo de forma “poco transparente” y teme que el TTIP fomente una “desregulación a la baja” y reste capacidad de legislar a los países. Finalmente, Rafael Larreina (Amaiur) opina que el acuerdo está muy lejos y que ya es tarde para la transparencia porque la confianza se ha perdido.

 

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