La reforma penal propiciará una “nueva cultura empresarial” por ser responsables las compañías, según Catalá

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha manifestado este viernes que la reforma del Código Penal, que entrará en vigor el próximo 1 de julio, iniciará una nueva cultura empresarial porque obligará a las compañías a evitar los riesgos penales a los que, a partir de ahora, puede enfrentarse la persona jurídica por una mala gestión económica.

 

Catalá ha realizado estas manifestaciones durante la inauguración de una una Jornada organizada por la Universidad Juan Carlos I y la firma KPMG bajo el título Diligencia debida en la gestión empresarial: responsabilidad penal de la empresa en la práctica.

 

El ministro de Justicia ha explicado que España se sumó ya en 2010 al grupo de países que han introducido en sus ordenamientos la responsabilidad penal de las personas jurídicas, en respuesta a la demanda social de instituir mecanismos eficaces de prevención y lucha contra la corrupción. La reforma del Código Penal corrige las deficiencias de orden sustantivo que han impedido la aplicación práctica de la norma.

 

Según ha detallado Catalá, la nueva norma introduce una mejora técnica en la regulación del régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas al delimitar con detalle el concepto de debido control, en cuyo quebrantamiento se puede basar la responsabilidad penal.

 

A partir de ahora, la culpabilidad de las personas jurídicas dependerá de que se hayan tomado las medidas de control suficientes para evitar conductas delictivas.

 

De este modo, quedarán exentas de responsabilidad penal si puede comprobarse que disponían de un buen modelo de organización y gestión con las oportunas medidas de vigilancia y control para evitar riesgos penales, según ha explicado el ministro durante su intervención.

 

DEBER DE SUPERVISIÓN

 

Entre las mejoras más importantes que incluye la reforma, Catalá ha destacado que se acota la responsabilidad penal de las personas jurídicas en el caso de delitos cometidos por los dependientes de sus representantes legales o personas con capacidad decisoria a aquellos casos en los que la infracción del deber de supervisión haya sido grave.

 

Además, la existencia de un programa de prevención con las medidas de control y vigilancia establecidas en el nuevo Código Penal, excluirá la responsabilidad de la persona jurídica.

 

El otro aspecto de gran relevancia en esta reforma consiste en la extensión de la responsabilidad penal a los partidos políticos, sindicatos y a las sociedades mercantiles estatales que ejecuten políticas públicas o presten servicios de interés económico general a las que se les podrá imponer pena de multa o intervención judicial.

 

Estas sociedades y entidades deberán someterse entonces a programas de cumplimiento legal y supervisión, así como a las normas de buen gobierno previstas en la regulación mejorada e introducida en la reforma del Código Penal.

 

Catalá ha manifestado finalmente que sería deseable que los programas de cumplimiento y buen gobierno, con las adaptaciones necesarias, se desarrollaran también en organismos públicos como los ayuntamientos, aunque estén al margen de la eventual responsabilidad penal, lo que permitiría prevenir ciertos abusos y excesos en el ejercicio de sus actividades.

 

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