Catalá señala el desarrollo de mediación como factor clave de competitividad

 El ministro de Justicia, Rafael Catalá (c-i), ha recibido esta mañana la blusa del Tribunal de las Aguas de Valencia, en presencia del president de la Generalitat en funciones, Alberto Fabra (5-d), durante la sesión que se celebra todos los jueves en la plaza de la Virgen.

El ministro de Justicia, Rafael Catalá (c-i), ha recibido esta mañana la blusa del Tribunal de las Aguas de Valencia, en presencia del president de la Generalitat en funciones, Alberto Fabra (5-d), durante la sesión que se celebra todos los jueves en la plaza de la Virgen.

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha destacado hoy los sistemas extrajudiciales de arbitraje y mediación como elementos clave en la competitividad de la economía española, motivo por el cual ha subrayado la necesidad de fomentar su utilización.

 

Catalá ha pronunciado una conferencia sobre este asunto en la sesión anual del Consejo Superior Arbitral de la Corte de Arbitraje y Mediación de Valencia, con sede en la Cámara de Comercio.

 

A su juicio, “contar con un sistema judicial que garantice resoluciones en un plazo razonable y de calidad es un factor importante de competitividad para nuestra economía”.

 

“Tenemos la cultura de acudir al sistema jurisdiccional, con sus garantías pero también con sus dilaciones, frente a los procesos alternativos extrajudiciales, como son la mediación y el arbitraje”, ha añadido.

 

Catalá ha explicado que tanto las empresas como los colegios profesionales y la propia judicatura reclaman a la administración que dote de mayor eficiencia al sistema, y en este sentido ha opinado que un mayor uso de la mediación y el arbitraje redundaría en un descenso de la carga de trabajo de la administración judicial.

 

“Son sistemas que se usan de forma muy escasa. Si en España tenemos al año unos ocho millones y medio de asuntos, los que son objeto de mediación y arbitraje son apenas unos pocos cientos, queda mucho camino por recorrer, hay que transmitir la cultura del acuerdo previo”, ha añadido.

 

Por otra parte, el ministro Catalá ha reiterado el compromiso de “papel cero” en las oficinas administrativas para el próximo 1 de enero.

 

“Es real en la vida diaria”, motivo por el cual no puede ser que “volvamos al siglo pasado en cuanto abrimos la puerta de un juzgado”, ha añadido.

 

A preguntas de los asistentes, ha confirmado que la aprobación de la Ley de Servicios Profesionales no tendrá lugar en la presente legislatura.

 

Asimismo, ha opinado que los recientes cambios en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que entra en vigor a partir del 1 de julio, redundarán en el refuerzo de los derechos de los procesados, especialmente su honor, intimidad, derecho a un juicio justo y presunción de inocencia.

 

“Todos estamos sometidos a jueces y policías y no debería suponer daño reputacional una mera investigación”, ha opinado Catalá, consciente de que actualmente la percepción social es distinta.

 

Por este motivo, cree que el cambio de denominación de imputado a investigado que se contempla en la nueva LECrim “reduce la carga negativa” de esta situación procesal.

 

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