Congreso aprueba el baremo que sube indemnizaciones a las víctimas de tráfico

 Accidente de un autobús en Portugal en la localidad de Serta, en la región central de Castelo Branco.

Accidente de un autobús en Portugal en la localidad de Serta, en la región central de Castelo Branco.

La Comisión de Economía y Competitividad del Congreso ha aprobado hoy con competencia legislativa plena el proyecto de ley que actualiza el baremo de las indemnizaciones a las víctimas de accidentes de tráfico y que incrementa estas ayudas hasta en un 50 por ciento en el caso de fallecimiento.

Esta normativa, que entrará en vigor el 1 de enero del próximo año, ha contado con cuatro años de negociación entre las asociaciones de víctimas y las aseguradoras, así como otras partes implicadas.

 

Ahora tendrá que pasar el trámite del Senado después de que en la Cámara baja se hayan incorporado un número importante de enmiendas de los grupos y otras transaccionales que han permitido que el texto salga del Congreso con el apoyo de 38 votos a favor, ninguno en contra y tres abstenciones.

 

La futura ley, según el Gobierno y el PP, incrementa la protección de las víctimas y establece un sistema activo, actualizado y adaptado a la realidad que, además, permitirá agilizar la justicia al impulsar la mediación y las resoluciones extrajudiciales para las reclamaciones de los perjudicados.

 

También incrementa las indemnizaciones. Así, por la muerte de un padre de familia con ingresos netos anuales de 38.000 euros, que deje viuda y tres hijos menores de 12 años, la prestación pasará de los 335.519 euros actuales a los 671.480 euros con el nuevo baremo.

 

Mientras, una profesional con una renta superior a los 60.000 euros anuales que sufriera la amputación parcial de una pierna en un siniestro de tráfico duplicaría la actual indemnización que recibiría, al pasar de 350.000 euros a un máximo de 750.000 euros.

 

Durante el debate, los diputados del PP Jaime Lamo, Francisco Molinero y Rafael Calduch han resaltado las mejoras en el texto que introducen las enmiendas y han recalcado que la norma dará viabilidad y sostenibilidad al sistema.

 

Han querido dejar claro que el 90 por ciento de las asociaciones de víctimas están satisfechas con el texto.

 

Por su parte, Juan Carlos Corcuera, del PSOE, ha hecho hincapié en la necesidad de indemnizar mejor los esguinces cervicales, una lesión muy común en los accidentes, y ha pedido que no se “sospeche” de todas las víctimas cuando la bolsa de fraude es del 8 por ciento.

 

Inmaculada Riera, de CiU, ha opinado que el proyecto permite incrementar la protección a las víctimas mediante la garantía de una indemnización suficiente que sitúa a España a la altura de las reformas en esta materia dentro del ámbito comunitario.

 

Josep Pérez, de la Izquierda Plural, ha sido más crítico al entender que se prima sobre todo el interés de las compañías de seguros más que los de las víctimas, a la vez que ha considerado “discutible la constitucionalidad de la propuesta porque vulnera el derecho a la integridad moral reconocido en el artículo 15 de la Constitución”.

 

Por Amaiur, Rafael Larreina ha dicho que el texto avanza en temas importantes, pero también ha reprochado que dé más respuesta a las demandas de las grandes empresas que a los ciudadanos de a pie.

 

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