El Fondo Social de Viviendas se amplía en casi 4.000 inmuebles y se extiende a matrimonios sin hijos

El Fondo Social de Viviendas (FSV) se ha ampliado en 3.974 inmuebles, que estarán a disposición de personas especialmente afectadas por la crisis y se ha decidido incluir nuevos colectivos entre los posibles beneficiarios, como los mayores de 60 años, los matrimonios o parejas de hecho sin hijos y los deudores no hipotecarios, según ha informado el Ministerio de Economía en un comunicado.

El acuerdo de elevar las viviendas del FSV hasta un total de 9.866 pisos se ha suscrito este lunes entre representantes de Economía, Fomento y Sanidad y de las 29 entidades financieras que aportarán pisos, además de miembros de las patronales AEB, Ceca y Unacc. A junio de este año, el Fondo Social de Viviendas ha adjudicado una cifra superior a las 4.000 viviendas, según estimaciones del sector.

Según datos del Gobierno, las medidas impulsadas para paliar el problema de los desahucios han beneficiado a unas 45.000 familias hasta la fecha. Además del FSV, está en funcionamiento el Código de Buenas Prácticas, la moratoria de lanzamientos y las mejoras en el funcionamiento del mercado hipotecario.

Con la ampliación a 9.866 viviendas, el FSV persigue cubrir “un mayor número de situaciones” que requieran una respuesta desde todos los organismos y entidades implicadas, según el departamento dirigido por Luis de Guindos. El mismo objetivo se persigue con la inclusión de nuevos colectivos que darían derecho a la obtención de una vivienda del FSV.

El Ejecutivo prevé que al menos el 5% de las viviendas del FSV se destinen a personas desalojadas de su vivienda por impago de préstamos no hipotecarios siempre que cumplan los demás requisitos. También se contempla la posibilidad de acuerdos con los ayuntamientos y entidades del Tercer Sector y la puesta en marcha de una web con toda la información.

El FSV se creó en enero de 2013 con 5.892 viviendas aportadas por los bancos para dar asistencia a las familias más vulnerables mediante alquileres reducidos (entre 150 y 400 euros al mes, con un límite máximo del 30% de los ingresos de la unidad familiar). El Gobierno ha prorrogado el FSV hasta enero de 2017.

Se pueden acoger al FSV aquellas personas que hayan perdido su vivienda habitual después del 1 de enero de 2008 por impago de un préstamo hipotecario, incluyendo aquellas que todavía no hayan sido desalojadas o las que hayan acordado la dación en pago. Deben reunir una serie de requisitos económicos, en concreto, que el conjunto de los ingresos anuales de la unidad familiar no superen el límite de tres veces el Indicador Público de Rentas de Efectos Múltiples.

Además, deben cumplir con otros requisitos de vulnerabilidad, como ser familia numerosa; tener menores a cargo; tener algún discapacitado; que el deudor esté en situación de desempleo y haya agotado las prestaciones; las víctimas de violencia de género; y todas aquellas personas o unidades familiares vulnerables para las que la vivienda supone, de acuerdo con el informe de los servicios sociales, un activo indispensable para el mantenimiento de su inclusión social.

En mayo de 2014 se acordó ampliar el ámbito de aplicación del fondo para dar cabida a un mayor número de familias sin capacidad para afrontar el pago de un alquiler en régimen de mercado. Con esta modificación se abrió la posibilidad de que las familias se mantuvieran en la vivienda que habitaban aunque la hubieran perdido por una ejecución forzosa y aun después de que hubiera sido adjudicada. También se recogió esta opción para las daciones en pago.

Igualmente, se incluyó a familias con hijos de hasta 18 años (hasta entonces el límite estaba en 3 años); dependientes o discapacitados (se eliminó el mínimo del 33% de discapacidad); prejubilados o jubilados que hubieran avalado con sus viviendas a sus hijos o nietos y otras personas en situación no tipificada pero que así lo aconsejen los servicios sociales.

ESFUERZOS PARA QUE LAS FAMILIAS CONSERVEN SUS PISOS.

Las patronales AEB, Ceca y Unacc han puesto en valor que las entidades de crédito han desplegado una “amplia gama” de iniciativas en los últimos años para ayudar a aquellas familias con problemas para afrontar el pago de su deuda hipotecaria. “Con el objetivo principal de que las familias conserven la propiedad de sus viviendas o, en caso de que hayan perdido su vivienda en un proceso de ejecución hipotecaria, encontrar una solución para ayudar a las familias afectadas por esta situación”, han reivindicado.

En este sentido, las patronales han recordado que las entidades han renegociado y mejorado las condiciones de su hipoteca a más de 500.000 familias, han suspendido el desalojo de sus viviendas habituales a un importante número de deudores hipotecarios, han aceptado quitas de deuda y ofrecido soluciones de dación en pago para aquellas familias en riesgo de exclusión y se han adherido al Código de Buenas Prácticas en materia hipotecaria, entre otras iniciativas.

La AEB, Ceca y Unacc han subrayado que la mayoría de las entidades llevan a cabo programas específicos para facilitar a los colectivos más desfavorecidos el acceso a la vivienda y ofrecen programas de búsqueda de empleo, formación y asistencia social.

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