España despeja el horizonte de los DTAs para la banca

El Gobierno español ha acordado con Bruselas una modificación del impuesto de sociedades que aclara las dudas que se cernían sobre la consideración de los Activos Fiscales Diferidos (DTAs por sus siglas en inglés) por parte de la banca.

Bajo la nueva norma, la banca española tendrá que pagar en determinados supuestos un impuesto por el aval público recibido para que los DTAs puedan ser considerados capital de máxima calidad, explicó el lunes el Ministerio de Economía.

Bruselas, que investigaba el posible carácter de ayuda pública de los avales estatales ofrecidos en estos activos y que otorgan a las empresas créditos fiscales por el computo de pérdidas o de determinadas provisiones, dio por zanjadas las dudas tras el anuncio.

“Ya no investigaremos esta medida. Siempre que las autoridades españolas introduzcan los cambios anunciados, nuestras dudas están suficientemente respondidas”, dijo el lunes un responsable de la UE.

La nueva norma, que se instrumentará con una reforma del impuesto de sociedades tramitada como enmienda a los presupuestos, mantendrá la garantía para los DTAs generados antes de enero de 2016.

El impacto global para la banca de la nueva legislación asciende a 419 millones de euros en impuestos sobre los 28.000 millones de euros de activos fiscales diferidos monetizables si la banca quiere computarlos como capital, explicó una fuente de Economía.

La norma establece que si los beneficiarios de la garantía hubieran pagado menos impuestos entre los años 2008 y 2015 que el valor de esos DTAs garantizados, deberán abonar una prestación patrimonial anual en favor del Estado del 1,5 por ciento de la diferencia entre ambos importes.

El Ministerio de Economía dijo que a partir de 2016 volverá a cambiar el tratamiento fiscal de los DTA, introduciendo un límite en función del Impuesto de Sociedades que corresponderá a pagar a las empresas.

Las entidades españolas pudieron preservar como capital en torno a 40.800 millones de euros de sus 68.000 millones contabilizados como activos fiscales diferidos, según un real decreto de 2013.

La propuesta de modificación para salvaguardar la máxima solvencia de la banca se produce además en un momento en el que el Banco Central Europeo (BCE) está exigiendo nuevos requisitos de capital más estrictos a los grandes bancos de la eurozona.

Analistas valoraron de forma positiva esta iniciativa del Gobierno pues contribuía a eliminar incertidumbre sobre el fortalecimiento de solvencia a la banca española.

“Es una paso en la dirección adecuada del Gobierno porque permite homogeneizar más la normativa con Europa encaminada a fortalecer la solvencia de la banca”, dijo Nuria Álvarez, analista de Renta 4.

Esta experta añadió además que el pago de este impuesto en determinados supuestos no parecía que fuera a trastocar de forma radical la cuenta de resultados de la banca o les pudiera llevar a tener que elevar sustancialmente las provisiones.

En el mercado, las acciones del sector financiero reaccionaron inicialmente al alza, aunque a media sesión, los dos grandes se vieron arrastrados por la marcha del resto del sector en Europa, que caía un 1,26 por ciento.

Santander y BBVA perdían a media sesión un 0,1 u un 0,5 por ciento, respectivamente, aunque otras entidades con gran exposición a estos activos marcaban la excepción al alza, con repuntes de más del uno por ciento en Bankinter, Caixabank y Bankia

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