La situación política en Portugal pone de relieve el vasto poder del presidente

 El secretario general del Partido Socialista de Portugal, Antonio Costa.

El secretario general del Partido Socialista de Portugal, Antonio Costa.

La inédita situación que vive Portugal en torno a la formación de Gobierno coloca en primer plano al jefe del Estado, a quien la Constitución otorga amplios poderes a la hora de decidir quién es el próximo primer ministro tras las elecciones legislativas del 4 de octubre.

A punto de expirar su segundo y último mandato, Aníbal Cavaco Silva debe afrontar un dilema nunca planteado antes desde la llegada de la democracia al país (1974) y elegir entre dos candidatos que dicen tener condiciones para tomar posesión: su correligionario, el conservador Pedro Passos Coelho, en el cargo desde 2011, y el socialista António Costa.

Passos Coelho fue el aspirante más votado (con casi el 39 % de las papeletas), aunque no tiene mayoría absoluta, mientras que Costa (con más del 32 % de los sufragios) negocia un acuerdo tripartito con la extrema izquierda que, de salir adelante, le daría superioridad en la Cámara, pero cuya duración y condiciones despiertan dudas.

La tercera opción sería repetir los comicios, un escenario poco atractivo para Cavaco, ya que implicaría dejar al actual Ejecutivo en funciones -con limitaciones a nivel de gestión, como no poder aprobar nuevos Presupuestos para 2016- al menos hasta junio debido a los plazos exigidos por la ley, afectados por las presidenciales previstas para el próximo enero.

Ante este panorama, el presidente desempeña un papel clave debido a las características del sistema político luso, definido como semipresidencialista -al estilo del de Francia- y que se caracteriza porque el jefe del Estado es elegido por sufragio directo y tiene responsabilidades en la formación del Ejecutivo.

Así lo explica en declaraciones a EFE el experto en Derecho Constitucional Tiago Duarte, socio del bufete de abogados PLMJ, quien incide en las diferencias con el sistema parlamentario que rige en países como España o Alemania.

La Constitución portuguesa sólo impone dos límites a la libertad del presidente para escoger a quien encarga la formación de Gobierno: reunirse antes con todos los partidos con asiento parlamentario (un mero trámite) y “tener en cuenta los resultados electorales”.

“El texto deja un gran margen a la interpretación”, tercia Tiago Duarte, quien recuerda que, después del fin de la dictadura, siempre lideró Portugal el candidato más votado, independientemente de contar o no con mayoría absoluta.

Una vez hecha la elección, el partido elegido debe formar Gobierno, tomar posesión oficialmente y presentar su programa en el Parlamento en un plazo inferior a diez días.

Pese a la falta de mayoría absoluta, en Portugal analistas y expertos coinciden en apuntar que Cavaco Silva -antiguo líder de los conservadores lusos- se decantará por el candidato de centro-derecha por haber vencido en las urnas.

De confirmarse, el momento clave llegaría con la presentación del programa de Gobierno en el Parlamento.

“La Constitución no obliga a que haya una votación de ese programa y que tenga que ser aprobado por los diputados, sólo a presentarlo. Esta medida fue creada precisamente para proteger a los gobiernos minoritarios”, explica Tiago Duarte.

Sin embargo, la normativa permite a la oposición presentar justo en ese momento una “moción de rechazo” -marxistas y comunistas ya anunciaron que lo harán-, que, de ser aprobada por una mayoría de la Cámara, implica la disolución inmediata del Ejecutivo.

“Y la nominación del Gobierno vuelve al principio”, es decir, a las manos del presidente, según este jurista, quien insiste en que no existen plazos ni más reglas.

Para que el Parlamento tumbe al Ejecutivo recién formado, los socialistas deberían votar a favor de la “moción de rechazo”, una cuestión que por el momento la formación de António Costa no ha aclarado, a la espera de conocer la decisión de Cavaco Silva.

Llegado ese punto, el jefe del Estado podría optar por un primer ministro de izquierdas, por dejar al actual en funciones o por volver a procurar un acercamiento entre socialistas y conservadores, tal y como ya hizo durante una crisis de Gobierno registrada en la legislatura pasada.

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