Clínicas privadas critican que el Gobierno les discrimine frente a las mutuas en la Ley General de la Seguridad Social

La Federación Nacional de Clínicas Privadas (FNCP) ha acusado al Gobierno, a través de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social del Ministerio de Empleo, de estar “discriminando” a estos centros frente a las mutuas mediante una modificación del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, en relación con el régimen jurídico de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.

Dicha norma establece que las pruebas diagnósticas y los tratamientos terapéuticos y rehabilitadores se realizarán principalmente en los centros asistenciales gestionados por las mutuas para dispensar la asistencia derivada de las contingencias profesionales, y sólo “con carácter subsidiario, podrán realizarse en centros concertados”.

Sin embargo, un oficio de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social sobre los apartados 4 y 5 de la Disposición Adicional Undécima de dicha norma detalla que las mutuas pueden concertar la gestión, control y seguimiento de la prestación asistencial únicamente con centros asistenciales propios o gestionados por otras mutuas.

La FNCP está estudiando las medidas a tomar tras su publicación para garantizar la libre actuación de las empresas y la competencia en igualdad de oportunidades ya que, según denuncian, sólo podrían concertar con centros sanitarios privados si la mutua no posee centros asistenciales propios en la zona, no existen centros gestionados por otras mutuas en la zona o éstas han manifestado por escrito su negativa a formalizar los correspondientes acuerdos.

“La interpretación de la Ley que nos da este Oficio resulta del todo inapropiada, ya que relega a los centros sanitarios privados a un lugar casi residual, obligando a derivar los pacientes a otras mutuas sin tener en cuenta criterios como la cercanía al paciente, el precio o la calidad asistencial”, han lamentado.

Además, critican que esta interpretación de la Ley también resulta perjudicial para las propias mutuas, ya que si una mutua no posee un centro en la zona, o lo posee pero está saturado, no puede elegir dónde envía al paciente ya que está obligado a enviárselo a otra mutua.

Y la mutua receptora puede imponer unas “condiciones abusivas” que la mutua emisora se vería obligada a aceptar ya que, “de no renunciar la mutua receptora por escrito a las derivaciones, la mutua emisora está obligada a enviárselos a la otra mutua en vez de poder elegir la opción que más le convenga”.

La Federación Nacional de Clínicas Privadas está estudiando las medidas a tomar tras la publicación de este Oficio, para garantizar la libre actuación de las empresas y la competencia en igualdad de oportunidades.

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