El Congreso permite que proyectos de ‘crowdfunding’ para inversores acreditados puedan captar hasta 5 millones

La Comisión de Economía del Congreso ha dado este miércoles luz verde al proyecto de ley de Financiación Empresarial, que regula por primera vez el ‘crowdfunding’, con los 39 votos de PP, UPyD, CiU y el PNV, frente a la abstención del PSOE y de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), para quienes los cambios introducidos en el texto original no son suficientes para superar las carencias de la normativa.

 

Y es que aunque todos los grupos de la oposición parlamentaria han advertido a los ‘populares’ de que se han establecido demasiadas “restricciones” al ‘crowdfunding’ y que será necesario tomar más medidas para garantizar el acceso de las pymes a la financiación, los socialistas y la Izquierda Plural ven dichas insuficiencias como trabas insuperables para dar su apoyo a la norma, que no obstante consideran positiva con carácter general.

 

Así, la norma ha salido adelante finalmente tras incorporar 27 enmiendas del PP, cinco cambios propuestos por IU, CiU y PNV, y ocho enmiendas transaccionales a iniciativas de socialistas, magentas y nacionalistas catalanes. Dado que la Comisión de Economía tiene competencia legislativa plena en esta materia, el texto se tramitará a partir de ahora en el Senado.

 

PRINCIPALES CAMBIOS EN ‘CROWDFUNDING’

 

Al margen de correcciones técnicas y mejoras gramaticales, entre los cambios más destacados aprobados este miércoles destaca la decisión de elevar a 5 millones de euros la cantidad máxima que se podrán captar mediante ‘crowdfunding’, si bien ese techo se aplicará únicamente a los proyectos que estén dirigidos en exclusiva a inversores acreditados o profesionales.

 

El resto de proyectos, que pretendan obtener respaldo de todo tipo de inversores, mantendrán un límite de 2 millones de euros por plataforma. Además, también se limita la prohibición de establecer mecanismos de inversión automáticos a este tipo de inversores no profesionales, mientras que los profesionales sí podrán usar este tipo de instrumentos, que permiten automatizar la decisión de inversión.

 

No obstante, se mantiene el límite de 3.000 euros por proyecto y 10.000 euros por el conjunto de las plataformas que los inversores minoristas podrán destinar a proyectos de ‘crowdfunding’ cada año. Por su parte, los inversores profesionales –institucionales, empresas que superen un millón de euros de activo, dos millones de negocio o 300.000 euros de recursos propios y personas físicas o jurídicas con rentas superiores a 50.000 euros anuales o más de 100.000 euros de patrimonio que soliciten expresamente este tratamiento– no tendrán límite de inversión.

 

Otra novedad consiste en que los proyectos de crowdfunding basados en préstamos no podrán incorporar una garantía hipotecaria sobre la vivienda habitual del prestatario, y también se permite que las entidades de pago híbrida puedan dedicarse a la financiación participativa.

 

Además, han quedado incorporadas al texto las propuestas ‘populares’ en materia de ‘crowdfunding’, entre las que figura el aumento hasta un año del tiempo que estas plataformas deben permanecer inactivas para perder su autorización o la aplicación a estas entidades de las tasas de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que se fijaron el pasado mes de septiembre.

 

FINANCIACIÓN PARA PYMES

 

En cuanto al resto de propuestas relacionadas con la mejora del acceso a la financiación que se incluyen en este proyecto de ley, las propuestas del PP incluyen la obligación de que el nuevo documento ‘Información Financiera-Pyme’ incluya una relación de los seguros vinculados al flujo de financiación, contratados dentro de los seis meses anteriores o posteriores a la contratación inicial del préstamo o de cualquiera de sus prórroga.

 

Además, micropymes y autónomos también tendrán derecho a ser preavisados de la terminación o disminución del flujo de financiación por parte del banco, en los mismos términos que el resto de empresas, si bien esta obligación no se aplicará cuando se trate de operaciones en las que la financiación se realiza sobre la base de la solvencia de un tercero que se ve deteriorada en los tres últimos meses de vida del crédito “siempre y cuando la financiación otorgada en base a dichos créditos representen un importe sustancial al flujo de financiación”.

 

En relación con los fondos de titulización abierta, se excluye de la gestión activa la venta de inmuebles u otros activos adjudicados o dados en pago de los derechos de crédito adquiridos por el fondo, mientras que las sociedades que los gestionan verán reducido a un millón de euros los recursos propios totales de los que deben disponer.

 

OTROS CAMBIOS

 

También a propuesta del PP se permite a los establecimientos financieros de crédito realizar hipotecas inversas y se extiende a las participaciones preferentes e instrumentos de deuda realizadas a partir del 1 de enero de 2014 que cumplan con los requisitos fijados en la Ley de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito el régimen fiscal establecido.

 

Además, se exime a las sociedades financieras o de inversión de la obligación general de pasar al mercado regulado aunque superen los 500 millones de euros de capitalización en el Mercado Alternativo Bursátil (MAB), si bien el régimen de estas entidades será fijado por la CNMV.

 

También se modifica la regulación de las infracciones vigentes para el mercado de valores, de modo que se considerará muy grave que los miembros de los sistemas multilaterales de negociación, los emisores de instrumentos financieros admitidos a negociación en dichos sistemas, los asesores registrados y cualquier otro participante incumplan las normas que rigen estos sistemas “poniendo en grave riesgo la transparencia e integridad del mercado” o causando “daño patrimonial a una pluralidad de inversores”.

 

Los ‘populares’ extienden asimismo la responsabilidad que los participantes en los sistemas multilaterales de negociación tienen sobre la información que publican, de modo que la entidad emisora y sus administradores sean responsables “al menos” por los daños y perjuicios que causen a los titulares de valores como resultado de una información que no presente una imagen fiel del emisor.

 

Finalmente, se pide al Gobierno que, en seis meses, haga los cambios legislativos necesarios para mejorar el actual sistema institucional de protección al cliente y para potenciar la eficacia de los actuales servicios públicos de reclamaciones, defensores del cliente y servicios de atención al cliente. Esto incluye la posibilidad de unificar los servicios de reclamaciones actualmente dispersos entre el Banco de España, la CNMV y la Dirección General de Seguros.

 

El proyecto de ley, aprobado por el Consejo de Ministros el pasado mes de octubre, regula por primera vez el ‘crowdfunding’ en España y también incluye nuevas medidas para facilitar el acceso de las pymes, micropymes y autónomos a la financiación bancaria y no bancaria.

 

Entre otras cosas, crea el nuevo documento ‘Información Financiera-Pyme’, que recogerá toda la información que la entidad financiera tenga de una pequeña o mediana empresa a la que financie, y obliga a los bancos a preavisar con al menos tres meses de antelación a las empresas de que va a suprimir o reducir su flujo de financiación en al menos un 35%.

 

Asimismo, se establece un régimen “eficaz, rápido y ágil” para las garantías recíprocas, se modifica el régimen jurídico de los establecimientos financieros de crédito, que dejaron de tener la consideración de entidades crediticias en la Ley de Solvencia, y se permite que la CNMV use ‘mystery shoppers’ (clientes de incógnito) para supervisar entidades.

 

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