La Justicia embarga bienes de exdirectivos de Abengoa para pagar fianzas

Una jueza española ordenó este miércoles el embargo de bienes de dos exdirectivos del grupo energético Abengoa, al borde de la quiebra, para cubrir las fianzas que les fueron impuestas en el marco de una investigación por presuntos “delitos de administración desleal y uso de información privilegiada”.

La magistrada de la Audiencia Nacional, principal instancia penal española, Carmen Lamela, ha decretado el embargo de propiedades y cuentas bancarias del expresidente de Abengoa, Felipe Benjumea, y del antiguo consejero delegado, Manuel Sánchez Ortega, informaron fuentes judiciales.

La jueza Lamela ha tomado la decisión después de comprobar que Benjumea no había pagado su fianza de 11,5 millones de euros, ni Sánchez la de 4,5 millones, impuestas para cubrir sus responsabilidades civiles.

En el caso de Benjumea, la juez le ha prohibido utilizar o disponer de varias viviendas y parcelas de terreno, así como de cinco coches y una moto, además de bloquearle doce cuentas bancarias.

Sánchez ha visto cómo la magistrada le bloqueaba una vivienda, un coche de lujo y una cuenta a su nombre.

La jueza Lamela investiga, a petición de la fiscalía, a los dos exdirectivos por supuestos “delitos de administración desleal y uso de información privilegiada”, al considerar que su mala gestión cuando estaban al frente de Abengoa podría suponer un delito de abuso de confianza.

Ambos abandonaron el grupo antes de que se declarara en preconcurso de acreedores, el 25 de noviembre, y cobraron indemnizaciones por el mismo monto que les reclama la magistrada como fianza (11,5 y 4,5 millones de euros).

La fiscalía también sospecha que Sánchez Ortega, que fichó por el gestor de activos estadounidense Blackrock, reveló a su nueva empresa informaciones privilegiadas que le habrían permitido especular a la baja con las acciones de Abengoa.

Este grupo, antes emblemático de la energías verdes en España y con una fuerte presencia en América Latina, dispone de plazo hasta el 28 de marzo para pactar una reestructuración de su abultada deuda con sus acreedores.

Si no lo consigue, sería una de las quiebras más importantes registradas en España.

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