La rigidez de la contratación en España lastra su capacidad para acumular talento, según Adecco

España cuenta con buenas condiciones para el crecimiento y la retención del talento, pero arrastra asignaturas pendientes como la rigidez del sistema de contratación, según el último ‘Índice de Competitividad del Talento Global (GTCI)’, elaborado por Adecco, la escuela de negocios Insead y el Human Capital Leadership Institute y presentado este martes en Davos (Suiza).

 

Este índice, que mide la capacidad de los países para gestionar el talento a través de la atracción, crecimiento y retención del mismo, sitúa a España en el puesto 30 del ranking de los 93 países analizados.

 

Inmediatamente por encima de España figuran países como Corea del Sur, Letonia, Chile, Eslovenia y Qatar. Si bien, por detrás se encuentran Eslovaquia, Arabia Saudí, Hungría o Portugal.

 

Considerando únicamente los países europeos, España se situaría en la posición 19 de los 30 países analizados, superando tan sólo a Eslovaquia, Hungría, Portugal, Italia, Lituania, Polonia, Bulgaria, Croacia, Macedonia, Armenia y Grecia.

 

Con estas cifras, el informe valora que “España presenta un buen comportamiento en crecimiento y retención de talento”. “Esto significa que España es un buen país a la hora de desarrollar su propio talento”, añade.

 

LOS LASTRES DE ESPAÑA

 

Ahora bien, este trabajo detecta cuestiones en las que España debería mejorar, como es el marco regulador, pues el actual no promueve la competencia, la innovación y los negocios.

 

Otra dimensión en la que España puede mejorar es la amplitud y la calidad de sus capacidades en formación profesional y, sobre todo, en la regulación de la contratación.

 

El informe señala que “en España existe una regulación más rígida en comparación con el resto de los países a la hora de contratar trabajadores”. En esta categoría, España ocupa la séptima posición detrás de Corea del Sur, Finlandia, EE.UU., Grecia, Eslovenia y Australia.

 

Concretamente, España presenta dificultades para contratar trabajadores de larga duración por el coste fiscal que supone para las empresas, por la duración máxima acumulada de los contratos y por la relación entre el salario mínimo de los trabajadores en su primer empleo y su productividad.

 

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