El Supremo pone fin al proceso de reestructuración de Coca-Cola Iberian Partners

El alto tribunal zanja un proceso que ha durado 26 meses al considerar legítimas las condiciones de movilidad ofrecidas por la compañía

Una pared de la que se retirado un logo de Coca-Cola, en la entrada de una fábrica de embotellamiento cerrada que pertenecía a Coca-Cola Iberian Partners (CCIP) en Colloto, cerca de Oviedo, Asturias.

Una pared de la que se retirado un logo de Coca-Cola, en la entrada de una fábrica de embotellamiento cerrada que pertenecía a Coca-Cola Iberian Partners (CCIP) en Colloto, cerca de Oviedo, Asturias.

El Supremo ha puesto fin al proceso de reestructuración de Coca-Cola Iberian Partners, al considerar legítimas y ejecutadas conforme a derecho las medidas alternativas al despido que había ofrecido Coca-Cola Iberian Partners, consistentes en movilidades geográficas y modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo, todas ellas de acogimiento individual y voluntario por parte de los trabajadores afectados.

 

De esta forma, el alto tribunal zanja desde el punto de vista judicial un proceso que ha durado 26 meses y cierra la la vía a cualquier demanda individual o colectiva al apreciar que, en este momento, esta materia ya es cosa juzgada, quedando sin efecto la litispendencia apreciada por la Audiencia Nacional en junio de 2014.

 

En concreto, el Supremo ha desestimado el recurso de casación presentado por los sindicatos UGT, CC.OO. y CSIF contra las medidas de flexibilidad interna ofrecidas dentro del proceso del Expediente de Regulación de Empleo (ERE), según han informado a Europa Press en fuentes conocedoras de la sentencia.

 

Así, los trabajadores afectados por estas medidas de flexibilidad interna no deberán ser repuestos en sus anteriores puestos de trabajo ni tendrán que ser resarcidos por daños y perjuicios, como reclamaban los sindicatos demandantes.

 

La sentencia descarta que las medidas adoptadas por el grupo Coca-Cola Iberian Partners violasen los derechos fundamentales de huelga o de libertad sindical u otras infracciones legales denunciadas por los demandantes. Según recoge la sentencia, “el ofrecimiento de la empresa no contenía ninguna imposición de medidas de movilidad geográfica”.

 

Estas medidas ratificadas por el Supremo fueron parte del proceso de reestructuración del grupo permitiendo reducir el número de incluidos en el despido colectivo de 1.169 a 840 trabajadores. Afectaban a 328 personas que aceptaron voluntariamente movilidad funcional y geográfica, de los cuales 21 han dejado la compañía.

Print Friendly, PDF & Email
Me gusta
Me gusta Me encanta Me divierte Me asombra Me entristece Me enfada