Las CCAA deben recortar 2.000 millones más para cumplir déficit, según supervisor

La AIReF cifra en 4.000 millones el ajuste para reducir el déficit al 3,6 %

El presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), José Luis Escrivá.

El presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), José Luis Escrivá.

El organismo encargado de supervisar la sostenibilidad de las finanzas públicas españolas dijo el lunes que sería necesario un esfuerzo de ajuste adicional de 2.000 millones de euros en 9 de las 17 las Comunidades Autónomas para que las cuentas públicas del país cumplan con su objetivo de déficit para este año.

“Para dotar de credibilidad a la nueva referencia del 3,6 por ciento de déficit para 2016, además del AND (acuerdo de no disponibilidad, de 2.000 millones de euros) de la Administración Central, resultan necesarias medidas adicionales para las CCAA que conduzcan su déficit al menos al 0,6 por ciento del PIB”, dijo la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) en una nota de prensa.

La AIReF dijo que el nuevo objetivo de un déficit del 0,7 por ciento para las CCAA este año “no parece suficientemente ambicioso” e insistió en su reivindicación de establecer sendas de reequilibrio presupuestario diferencias por regiones.

“Aragón, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura, Comunidad de Madrid, Región de Murcia y Valencia (…) tendrían que realizar un ajuste adicional al previsto en sus presupuestos, cuya ejecución, de acuerdo con estimaciones de AIReF, llevaría a un déficit agregado del entorno del 0,9 por ciento de su PIB regional”, señaló.

En cuanto a la Administración Central, la AIReF dijo que es necesario que, para ser creíble, se concreten los detalles del reciente anuncio de un recorte de gasto de 2.000 millones de euros en el presupuesto.

El organismo, que la semana pasada dijo que no podía evaluar el nuevo cuadro económico oficial al no haber recibido datos suficientes del Gobierno, dijo tras haber recibido nueva documentación que los nuevos escenarios macroeconómicos para 2016 “se consideran probables”.

El Gobierno ha elevado sus previsiones de déficit público para 2016 y 2017 tras incumplir la meta en 2015 y anticipar una ralentización del crecimiento económico en los próximos años.

Ahora prevé un déficit público del 3,6 por ciento del PIB en 2016 (frente al 2,8 por ciento anterior) y del 2,9 por ciento del PIB en 2017 (frente al 1,4 por ciento), tras situarse el desequilibro de 2015 en el 5 por ciento, frente al 4,2 por ciento previsto.

La AIReF insistió en la necesidad de adoptar medidas con vocación de permanencia para lograr la meta del próximo año y, respecto a las expectativas de 2018 y 2019, consideró que se debería revisar a la baja ligeramente el crecimiento del PIB si se mantiene la restrictiva senda del consumo público prevista para esos años.

4.000 MILLONES

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ve necesario un esfuerzo de consolidación fiscal de unos 4.000 millones de euros para alcanzar en 2016 el déficit público del 3,6 % de PIB propuesto por el Gobierno en la actualización del Programa de Estabilidad.

Según la evaluación de este programa publicada hoy por la AIReF, a los 2.000 millones de ajuste presupuestario del Estado anunciados por el Gobierno, se tendrán que sumar otros 2.000 millones de ajuste que entiende será fundamentalmente entre las comunidades autónomas, “dado que no hay medidas anunciadas para la Seguridad Social ni para las corporaciones locales”.

Según la AIReF, el nuevo objetivo del 0,7 % del PIB para las autonomías en 2016 “no parece suficientemente ambicioso” y, a su juicio, debería situarse en el 0,6 % del PIB para “dotar de credibilidad” la meta del 3,6 % de déficit conjunto, aunque estableciendo “sendas claramente diferenciadas por comunidades autónomas”.

Conforme a sus cálculos, hay ocho comunidades autónomas (Andalucía, Asturias, Baleares, Canarias, Galicia, Navarra, País Vasco y La Rioja) que, si ejecutan de forma rigurosa sus presupuestos vigentes, podrían situarse al cierre del ejercicio con un déficit inferior al 0,7 %.

Por el contrario, los presupuestos de las nueve restantes (Aragón, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura, Comunidad de Madrid, Región de Murcia y Comunidad Valenciana) conducirían, según el organismo independiente, a un déficit de la administración regional del 0,8 % del PIB, por lo que sería necesario corregir una décima.

Para ello propone que sean estas nueve comunidades las que realicen el ajuste presupuestario mediante acuerdos de no disponibilidad (como el anunciado para el Estado) por un importe conjunto de 1.443 millones, si bien algunas tendrían un objetivo de déficit para 2016 superior al 0,7 % del PIB, de acuerdo con la recomendación de la AIReF de establecer metas diferenciadas.

En su informe, la Autoridad Fiscal considera que el crecimiento económico previsto del 2,7 % es probable que se cumpla y compatible con un objetivo de déficit del 3,6 % del PIB, aunque cree que el Gobierno debería concretar, en aras de una mayor credibilidad, los detalles del anunciado acuerdo de no disponibilidad de créditos por parte del Estado por importe de 2.000 millones.

En términos generales, la AIReF avala el cuadro económico para el periodo 2016-2019, aunque considera que a partir de 2017 la senda de gasto público parece demasiado restrictiva, lo que le lleva a recomendar que se revise ligeramente a la baja el crecimiento del PIB en 2018 y 2019.

Asimismo, señala que la reducción sostenida del déficit público en los próximos dos años “requiere de la adopción de medidas con una vocación de permanencia que no se garantiza con la adopción de un acuerdo de no disponibilidad de vigencia anual”.

“Será necesario que un nuevo Gobierno, ya no en funciones, elabore una nueva actualización del Programa de Estabilidad con un horizonte de medio plazo, donde se visualice un compromiso creíble con el equilibrio presupuestario y la sostenibilidad de las cuentas públicas”, añade el informe de la AIReF.

En este sentido, demanda que se aplique correctamente la regla de gasto establecida en la ley de estabilidad presupuestaria, de forma que se calcule sin tener en cuenta la desviación de gasto producida en el ejercicio precedente.

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