El Parlamento aprueba la Ley del patrimonio cultural de Galicia con la que se consolida el régimen de protección y se agiliza la gestión administrativa

Habilita legalmene para que los ayuntamientos puedan autorizar intervenciones en determinados bienes catalogados del patrimonio arquitectónico y etnológico

 Patrimonio VigoEl Parlamento de Galicia viene de aprobar en la mañana de hoy la Ley del Patrimonio Cultural de Galicia impulsada por la Consellería de Cultura, Educación y Ordenación Universitaria y que permitirá una triple simplificación para la materia que regula: legislativa, con la derogación de otros tres textos del mismo rango; administrativa, reduciendo plazos y trámites y ganando en participación y descentralización; y clasificatoria en el que alcanza a los bienes, pues rebajará las tres categorías preexistentes a dos, lo que clarifica los regímenes de protección y sus consecuencias jurídicas.

La nueva ley, que entrará en vigor a lo largo del verano, fue elaborada por técnicos con un amplio conocimiento práctico en materia de patrimonio cultural, supondrá una simplificación normativa respeto de la situación actual, permitiendo recoger los avances dispuestos en las políticas de gestión patrimonial durante las dos últimas décadas. Además procurará una más fácil y eficiente cotidiana y la máxima seguridad jurídica para la ciudadanía acerca de nuestro patrimonio cultural.

Para esto se consolida el régimen y niveles de protección previstos en la ley 8/95, introduciendo medidas tendentes a su mejora tanto en el nivel de la regulación internacional, como en el nivel de la organización administrativa, en la búsqueda de la simplificación del régimen. Finalmente, fruto de ese conocimiento más detallado de las faltas contra el patrimonio, en la aplicación de esta se mejora la precisión en la relación de casos previstos en su régimen sancionador, pasándose así de 23 infracciones administrativas tipificadas en la norma del 1995 a 54 en la actual.

Clarificación legal y seguridad jurídica

El anteproyecto deroga y refunde el dispuesto en la Ley 8/1995, de Patrimonio Cultural de Galicia, en la Ley 3/1996, de Protección de los Caminos de Santiago, y en la Ley 12/1991, de trabajos de dotación artística en las obras públicas y en los Caminos de Santiago de la Comunidad Autónoma de Galicia.

La norma reduce la dos las categorías de bienes del patrimonio cultural de Galicia: Bienes de interés cultural y Bienes catalogados, que contarán con su respectivo instrumento de registro independiente: el Registro de Bienes de Interés Cultural de Galicia y el Catálogo del Patrimonio Cultural de Galicia.

En la propuesta, los Bienes de Interés Cultural incluirán los BICs por declaración singular y diversos BICs que lo son ope legis –es decir, por imperativo legal–. De manera análoga, la categoría de Bienes catalogados abarcará a todos los bienes que figuren en el Inventario General del Patrimonio Cultural de Galicia; aquellos que estén contenidos individualmente en los catálogos urbanísticos y los catalogados ope legis.

A mayores, otra importante novedad de la ley es la creación del Censo del Patrimonio Cultural como instrumento de publicidad y transparencia, que le otorga seguridad jurídica a la ciudadanía y que será objeto de continua actualización. En el censo se recogerán los bienes y manifestaciones inmateriales del patrimonio cultural de Galicia, en tanto no sean declarados de interés cultural o catalogados. Los bienes se incluirán en el censo para su documentación, estudio, investigación y difusión de sus valores.

Implicación de los ayuntamientos

Una de las principales novedades de la ley viene determinada a través de la habilitación legal para que los ayuntamientos puedan autorizar intervenciones en determinados bienes catalogados del patrimonio arquitectónico y etnológico, lo que supone un avance en la descentralización y permitirá una mayor implicación y colaboración de las entidades locales con la protección y salvaguarda del Patrimonio Cultural propio, así como la agilización en la tramitación de autorizaciones.

La habilitación tendrá una serie de condiciones que habrá que cumplir, como la firma de un convenio con la Xunta, acreditar la existencia de cuadros técnicos precisos y contar con el planeamiento urbanístico aprobado. Asimismo, la habilitación –que siempre será de carácter voluntario−, estará circunscrita a las actuaciones en unos determinados tipos de bienes, en los que quedan excluidos los de interés cultural, el patrimonio eclesiástico, el artístico y el arqueológico.

Avances en nuevos patrimonios

La norma incluye dos novedades significativas respeto de la vigente: la regulación en un título específico del patrimonio inmaterial, con un tratamiento diferenciado para la lengua gallega y la toponimia; y la inclusión de nuevas perspectivas de valoración y protección de patrimonios que en el momento de la redacción de la ley del 1995 no estaban desenvueltos ni regulados en extenso en el campo internacional, tales como el patrimonio subacuático, el industrial y el científico y técnico.

En el caso del Patrimonio Inmaterial se incorporarán definiciones y criterios del Convenio para la salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, reconociendo el papel activo de las comunidades en su protección y sostenimiento.

Por otra parte, el Subacuático incluirá la catalogación ex lege de los pecios anteriores a 1901 sumergidos en el mar territorial de Galicia y definirá unos principios claros de actuación acordes con la Convención de la UNESCO que rige en la materia. Además, en el caso del Patrimonio Industrial se incluirá la presunción de valor según criterio de datación, lo que garantiza una mayor seguridad jurídica. Se asumirá igualmente la metodología de actuación de un importante instrumento de gestión como es el Plan Nacional de Patrimonio Industrial. Y, finalmente, en el caso del patrimonio Científico y Técnico, la evaluación se realizará de manera singular y en función de la naturaleza de los bienes.

Sobre el idioma propio de Galicia

La nueva norma analiza e incluye de manera específica tanto la toponimia como la lengua gallega. En el caso de la primera, la Xunta velará, conjuntamente con otras instituciones, por la preservación de la toponimia tradicional, que tiene la consideración de valor identitario de la Comunidad Autónoma, así como un instrumento para la concreción de la denominación geográfica de los pueblos y de sus bienes.

Aunque la lengua como elemento identitario tiene su regulación específica en la Ley de Normalización Lingüística, en el actual proyecto de ley se reconoce de manera expreso como canal por la que vehicular nuestro patrimonio inmaterial, que incluye las tradiciones y expresiones orales; la toponimia; las artes del espectáculo; los usos sociales, rituales, ceremonias y actos festivos; los conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo; así como las técnicas artesanales tradicionales, actividades productivas y procesos.

Protección para el Camino

Para avanzar por la senda de una protección efectiva del Camino de Santiago se elaborará un plan territorial integrado de los Caminos de Santiago que establezca las líneas generales para el mantenimiento y la conservación de sus valores culturales y para garantizar una ordenación del territorio armoniosa e integrada con ellos.

El ámbito de este plan se extenderá a la totalidad de los territorios históricos delimitados y su objetivo principal será la conservación general del carácter de los territorios históricos, manteniendo sus características tradicionales.

Con el Plan Territorial Integrado se establecerá de forma unitaria e integrada los principios, normas y criterios que permitan una mayor agilidad en los trámites derivados de las preceptivas autorizaciones municipales y sectoriales, mismo en el campo de la protección patrimonial.

Herramientas de conservación innovadoras

Para finalizar, otra de las novedades destacadas de la norma que salió la colación en el debate fue la relativa a las nuevas herramientas de protección. En este sentido, la nueva ley adopta los avances acordados en la reunión de Davos sobre Patrimonio Mundial e incorpora avances para la protección como el establecimiento de zonas de amortecimiento de los bienes. Esta zona tiene por finalidad reforzar la protección de los elementos del patrimonio cultural, así como su visibilidad y visibilización.

El uso de estas zonas son un revolucionario medio de preservación de los valores de los bienes, puesto que una parte importante de las amenazas que afectan a los bienes integrantes del patrimonio cultural se han localizado en los límites de estos o en sus aledaños, donde los mecanismos legales suelen ser más limitados o mismo inexistentes.

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