La Eurocámara pide sanciones para las multinacionales que no informen de lo que tributan país por país

 Valdis Dombrovskis, el  vicepresidente de la Comisión Europea.

Valdis Dombrovskis, el vicepresidente de la Comisión Europea.

El pleno del Parlamento Europeo ha dado su respaldo este jueves a la propuesta de la Comisión Europea para el intercambio automático de la información tributaria de las multinacionales entre Estados miembros, al tiempo que ha pedido que se prevean “sanciones” para las entidades que no colaboren.

Bruselas plantea que las sociedades con una facturación consolidada a partir de 750 millones de euros deban informar sobre su declaración fiscal “país por país” a las autoridades del Estado miembro en donde tenga establecido su domicilio fiscal la empresa matriz.

Ese país tendrá que compartir la información con los países en los que opera la compañía. La empresa deberá informar sobre ingresos, beneficios, impuestos abonados, capital, activos materiales y número de empleados.

Los eurodiputados, en un informe adoptado en Estrasburgo (Francia), piden además que los países fijen “sanciones disuasorias”, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de las nuevas normas por parte de las empresas.

De acuerdo al proyecto del Ejecutivo comunitario, las empresas contarían con un plazo de doce meses tras el cierre del ejercicio fiscal para enviar la información, además de otros tres meses para el intercambio automático entre Estados miembros.

El texto de la Eurocámara valora el proyecto como un “paso positivo” en la lucha contra las prácticas agresivas de planificación fiscal de las empresas y pide “salvaguardas adicionales” para evitar distorsiones del mercado interior por los acuerdos secretos que algunas multinacionales negocian con Estados miembros.

Además, los eurodiputados consideran necesario que el Ejecutivo comunitario tenga acceso a la información intercambiada entre los países, para “evaluar si las prácticas tributarias” de los Estados miembros respetan la legislación comunitaria sobre ayudas de Estado.

Tras la opinión de la Eurocámara, los Veintiocho deberán decidir por unanimidad si adoptan la propuesta comunitaria.

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