Los Veintiocho piden una opinión legal sobre el año extra concedido a España para cumplir con el déficit

Bruselas niega preocupada por la posibilidad de que las conclusiones sean distintas a las de su departamento jurídico

 Valdis Dombrovskis, el  vicepresidente de la Comisión Europea.

Valdis Dombrovskis, el vicepresidente de la Comisión Europea.

Los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea (Ecofin) han pedido a sus servicios legales una opinión sobre la decisión de la Comisión Europea de otorgar una prórroga de un año a España y Portugal para cumplir con el objetivo de reducir el déficit por debajo del 3%.

La presidencia de turno de la UE, que este semestre ostenta Países Bajos, ha confirmado que el departamento jurídico del Consejo está examinando actualmente esta cuestión, que retomará en su próxima reunión, que tendrá lugar el 17 de junio en Luxemburgo.

“La Comisión ha propuesto nuevos plazos para España y Portugal en sus recomendaciones específicas por país. Al mismo tiempo, los plazos establecidos en las recomendaciones actuales bajo el procedimiento por déficit excesivo siguen siendo válidas. La Comisión no ha propuesto un nuevo paso bajo el procedimiento por déficit excesivo”, ha explicado el portavoz de Jeroen Disselbloem, presidente de turno del Ecofin, Michel Reijns.

Según apuntó el propio Dijsselbloem tras la reunión de este miércoles, los ministros mostraron “algunas preocupaciones” sobre la credibilidad de la UE al aplicar el Pacto de Estabilidad y Crecimiento.

“Yo dije que si la Comisión entiende su papel más políticamente no debería tomar este tipo de decisiones porque debilita la credibilidad”, argumentó ante los medios el ministro de Finanzas alemán, Wolfgang Schaeuble, que además dijo que la decisión de Bruselas también fue cuestionada por el BCE. “Hemos apuntado también que la propuesta de la Comisión para Portugal y España de dar un año más no está ajustada el Derecho europeo”, añadió.

No obstante, la Comisión Europea ha afirmado este jueves que no está “realmente muy preocupada” por la posibilidad de que las conclusiones de los servicios legales del Ejecutivo comunitario y del Consejo puedan ser distintas.

“Dado que los servicios legales de la Comisión tienen la opinión de que somos libres de publicar las recomendaciones específicas para cada país y aplicar el pacto con sentido de sensibilidad, no estamos realmente muy preocupados por eso”, ha manifestado.

Además, el Ejecutivo comunitario ha asegurado que es “perfectamente legal” haber aparcado hasta julio la decisión que debe tomar para iniciar o no un proceso sancionador contra España y Portugal por incumplir el objetivo de déficit del año pasado.

“Los servicios legales fueron preguntados sobre esto y su opinión es que es perfectamente legal. No tenemos más comentarios sobre esto”, ha expresado en rueda de prensa la portavoz del Ejecutivo comunitario en cuestiones económicas, Annika Breidthardt

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