La reforma de Sociedades recaudará 8.300 millones destinados a cubrir déficit

La vicepresidenta del Gobierno en funciones, Soraya Sáenz de Santamaría, junto al ministro de Hacienda en funciones, Cristóbal Montoro, a su llegada hoy a la rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Ministros.

La vicepresidenta del Gobierno en funciones, Soraya Sáenz de Santamaría, junto al ministro de Hacienda en funciones, Cristóbal Montoro, a su llegada hoy a la rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Ministros.

La reforma del Impuesto de Sociedades, que eleva los pagos fraccionados que adelantan las grandes empresas, permitirá recaudar 8.300 millones de euros adicionales que servirán para cuadrar las cuentas públicas de este año y lograr el objetivo de déficit público del 4,6 % del PIB comprometido con Bruselas.

El decreto ley aprobado hoy en Consejo de Ministros implica que las 9.000 empresas que facturan más de 10 millones de euros deberán adelantar a cuenta del impuesto un pago mínimo del 23 % de su resultado contable en abril, octubre y diciembre.

El pago mínimo será del 25 % del resultado contable para las entidades de crédito y las empresas dedicadas a la exploración de yacimientos de hidrocarburos, que son las que cuentan con un tipo de gravamen incrementado del 30 %, frente al tipo general de Sociedades del 25 % establecido con la reforma fiscal.

Según ha explicado el ministro de Hacienda en funciones, Cristóbal Montoro, la medida se crea con vigencia indefinida y durará al menos hasta que el déficit público se sitúe por debajo del 3 % del PIB, lo que podría ocurrir en 2018, año para el que el Gobierno prevé un déficit del 2,2 % del PIB.

El objetivo, ha afirmado, es mantener una recaudación del Impuesto de Sociedades de en torno a 20.000 o 21.000 millones de euros al cierre de 2016.

“Si no lo hacemos, vamos a reducir la recaudación del Impuesto de Sociedades en una cuantía que no nos podemos permitir”, ha asegurado Montoro.

Para la patronal CEOE la medida es desproporcionada y excesiva, y podría afectar a la capacidad de inversión, a la solvencia y a la competitividad de las empresas, con el consiguiente impacto en la creación de empleo.

El Ministerio de Hacienda ha hecho hincapié en que la medida no va a afectar a las pymes, que constituyen la mayoría del tejido empresarial español, y que supone un esfuerzo solo para los contribuyentes de mayor capacidad.

La aplicación de la medida contará con algunas excepciones como las rentas derivadas de operaciones de quita, consecuencia de un acuerdo de acreedores y las rentas exentas que afecten a entidades sin ánimo de lucro.

Además de fijar el pago fraccionado mínimo, el decreto ley modifica también el cálculo del pago, de forma que se aplicará el 24 % de la base imponible en lugar del 17 % actual.

La medida finalmente ha sido más ambiciosa de lo inicialmente previsto, cuando se planeaba un adelanto de al menos el 20 % del resultado contable de las empresas con ingresos superiores a 20 millones.

El ministro ha insistido en que no se trata de una subida del tipo general del impuesto, sino de los pagos que se adelantan a cuenta, y que al año siguiente con la presentación de la declaración en julio se liquidan las diferencias que puedan existir a favor de la empresa o del Estado.

“Es un anticipo a cuenta, como hacemos las personas físicas en el IRPF y a las que 3 de cada 4 les resulta a devolver”, ha dicho.

Ha reiterado que es una medida de liquidez que entiende que “no va a perjudicar sustancialmente a la actividad económica”.

Ha recordado que cuando se subieron los pagos fraccionados en 2012 se consiguieron recaudar 5.000 millones adicionales, en un año en el que la economía cayó el 2,9 %, lo que significa que las empresas estaban dando beneficios, por lo que cree que en la situación actual de crecimiento económico será menos gravoso.

El decreto ley se publicará esta tarde en un Boletín Oficial del Estado (BOE) extraordinario “para que no haya dudas del régimen de pagos fraccionados a partir del 1 de octubre”, con lo que será aplicable a los pagos de octubre y diciembre.

No obstante, la norma tendrá que superar el trámite parlamentario de la convalidación, respecto a lo que Montoro asegura que el decreto ley ha tenido buena recepción entre los grupos parlamentarios.

El PSOE no se ha pronunciado al respecto, mientras que Ciudadanos y PNV han dicho que lo apoyarán y el PDC que se opondrá. El grupo Unidos-Podemos previsiblemente votará en contra.

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