El ejemplo francés hace tambalear el que en España los impuestos sobre la gasolina sean un 33% superior a los que sufre el diésel

Un empleado de Volkswagen trabaja en una cadena de montaje de motores diésel MDB en la planta que la fabricante de coches tiene en Salzgitter (Alemania).

Un empleado de Volkswagen trabaja en una cadena de montaje de motores diésel MDB en la planta que la fabricante de coches tiene en Salzgitter (Alemania).

Uno de los grandes países de Europa, Francia, ha tomado la iniciativa para acabar con los privilegios del gasóleo pese a que su industria está especializada en la fabricación y desarrollo de este tipo de motores. Pero la presión para preservar el medioambiente crece en el país vecino y en toda Europa. La ministra francesa de Ecología, Ségolène Royal, ha anunciado que se va a dar a las empresas las mismas ventajas fiscales si compran vehículos de gasolina que las que tienen si lo hacen con motores diésel, dentro del movimiento general para equiparar el tratamiento de ambos combustibles.

El gobierno galo va a generalizar para las empresas la exención del 80% del IVA que ya tienen hasta ahora cuando adquieren un vehículo diésel.  El objetivo es que la industria automovilística tenga tiempo para adaptarse.

El anuncio de la ministra de esta medida, que se aplicará desde el próximo 1 de enero, llegó un día después de que se hiciera público un informe parlamentario que preconiza la supresión en cinco años de las ventajas fiscales del gasóleo.

Pero no es una decisión fácil. Hay muchos intereses creados y contradicciones en las sociedades avanzadas. Por ejemplo, el sindicato Fuerza Obrera del fabricante francés PSA Peugeot Citroen lanzó una advertencia en el sentido de que si se pone en peligro la tecnología diésel, correrían riesgo 18.000 empleos europeos sólo en esta empresa.

En España el camino de la restricción del diésel no se ha empezado a transitar. Tenemos una industria del automóvil muy potente y también un lobbie del transporte por carretera muy poderoso.

Hace un par de años, en la elaboración de la reforma fiscal del Gobierno se planteó acabar con el trato de favor fiscal al gasóleo. Actualmente, los impuestos sobre la gasolina son un 33% superior a los que sufre el diésel. En el informe de los sabios previo a la reforma fiscal se recomendaba acabar con “el injustificado tratamiento preferencial del diésel respecto a la gasolina”. Esta medida tarde o temprano se acabará aprobando, bien por iniciativa del Gobierno, bien por imposición europea. Y tendrá un efecto relevante porque cerca de la mitad de los coches que actualmente se compran utilizan como combustible el gasóleo y la mayor parte de las furgonetas y los camiones.

De momento la baja recaudación medioambiental presiona en favor de adelantarse a Bruselas y aprobar ya medidas incluidas en el proyecto de directiva. Países como Finlandia o Dinamarca, además de Francia, han seguido este camino. Sin embargo, esa decisión podría afectar negativamente la competitividad española y perjudicar a dos sectores importantes como son el transporte y la agricultura. El próximo Gobierno tiene la palabra y, ante el descontrol de las cuentas públicas y el gasto, no sería nada raro que se abordara la subida de la fiscalidad del gasóleo de forma rápida.

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