La lucha contra el fraude a la Seguridad Social recupera 257 millones en 2014

La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez.

La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez.

El volumen de fraude descubierto en España por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social superó los 257 millones de euros en las operaciones llevadas a cabo en 2014, según los últimos datos proporcionados por el Ministerio de Empleo.

 

En concreto, la policía y la guardia civil detuvieron e imputaron durante 2014 a 4.631 personas en 46.304 investigaciones realizadas en materia de fraude a la Seguridad Social, lo que supone un aumento del 7,4 % respecto a 2013.

 

Además, fruto del trabajo conjunto de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y la Inspección de Trabajo y Seguridad Social se detectaron 9.822 infracciones, lo que significa un incremento del 16,8 % respecto a 2013.

 

Las investigaciones en las que se detectaron el mayor número de fraudes a la Seguridad Social estaban ubicadas en Madrid, la Comunidad Valenciana y Cataluña.

 

A lo largo del pasado año, se encontraron 1.576 trabajadores irregulares en España y 60 víctimas de trata de seres humanos con fines de explotación laboral.

 

Los empleos aflorados en 2014 por las actuaciones inspectoras fueron 9.170, lo que supone un aumento del 25 % respecto a 2013.

 

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado intervinieron 69 vehículos, 35 inmuebles y 11 sociedades en distintas operaciones contra el fraude realizadas en 2014, que pusieron al descubierto la existencia de 2.843 empresas ficticias.

La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez.

La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez.

Todos estos datos fueron analizados esta semana por los ministros del Interior, Jorge Fernández Díaz, y de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, en virtud del convenio de colaboración que suscribieron en abril de 2013 en materia de lucha contra el fraude a la Seguridad Social y el empleo irregular en España.

 

Este convenio busca dar respuesta a la necesidad de intensificar la persecución del delito y el fraude en materia de los derechos laborales y sociales de los trabajadores y de las empresas.

 

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