La justicia europea sentencia sobre las cláusulas suelo la próxima semana

Afecatos por la claúsula suelo durante una concentración en Madrid.

Afecatos por la claúsula suelo durante una concentración en Madrid.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea decidirá el miércoles si los afectados por las cláusulas suelo abusivas de las hipotecas podrán recuperar el dinero que pagaron de más desde que contrataron su préstamo o solo desde 2013, cuando el Tribunal Supremo español se pronunció sobre el caso.

La corte con sede en Luxemburgo dictará el 21 de diciembre una de las sentencias más esperadas en España, que pondrá punto final a un caso particularmente representativo de la crisis financiera en el país.

Si la máxima instancia judicial europea falla en contra de la banca, la factura para el sector por las devoluciones podría ascender a más de 7.000 millones de euros, según las estimaciones más pesimistas.

Sin embargo, las perspectivas para las entidades son, a priori, más halagüeñas que para sus clientes, dado que el abogado general del Tribunal se posicionó en julio en contra de la retroactividad y, aunque su opinión no es vinculante, las sentencias de la corte suelen ajustarse al dictámen del jurista en la mayoría de los casos.

El Tribunal comunitario debe pronunciarse sobre la retroactividad de las devoluciones por las cláusulas suelo después de que el Supremo español decidiese limitar en el tiempo los efectos de la nulidad de las mismas, cuando las declaró abusivas y nulas por falta de transparencia en su sentencia del 9 de mayo de 2013.

El alto tribunal español consideró entonces que los clientes no podían comprender lo que significaban estas cláusulas en términos económicos, pero decidió que los bancos solo tendrían que devolver los intereses cobrados de más a partir de la fecha de su sentencia y recordó además que su fallo no tenía carácter retroactivo.

Según distintos cálculos, unos dos millones de españoles habrían pagado de media 3.000 euros de más en sus hipotecas debido a estas cláusulas, que se incluyeron en entre el 30 y 40 % de los contratos suscritos en España.

Estas provisiones fijan un “suelo” mínimo que debe pagar el cliente por su crédito, independientemente de las variaciones en los tipos de interés y el euribor, lo que impidió que los hipotecados se beneficiasen de los bajos tipos que se generalizaron en Europa durante la crisis, mientras que la banca mantenía unos ingresos garantizados.

Si el veredicto es contrario a la banca, las entidades tendrán que desembolsar entre 5.000 y 7.600 millones de euros, según un informe del Banco de España, aunque otro documento utilizado por BBVA y Banco Popular durante las vistas cifraba el impacto en 5.800 millones.

De hecho, uno de los factores que el Supremo tuvo en cuenta en 2013 a la hora de emitir su sentencia fue el impacto que podría tener la nulidad en el entonces frágil sistema bancario en España, que acababa de pedir un rescate a sus socios europeos por hasta 100.000 millones de euros.

Tres años después y aun cuando el sector goza de mayor estabilidad, como repite el Gobierno y corrobora Bruselas, el abogado general Paolo Mengozzi esgrimió como argumento para respaldar a la banca “las repercusiones macroeconómicas” de la devolución, dado el amplio uso que se hizo de las cláusulas.

Durante la vista del juicio, en abril, las defensas de los bancos demandados -BBVA, Banco Popular y Cajasur- alegaron que si se hubiera exigido a los bancos la devolución de estas cantidades “España habría tenido que ampliar el programa de asistencia financiero acordado con la UE”.

Si la banca recibió con optimismo la opinión del letrado, esta supuso un revés para los demandantes y las organizaciones de usuarios, que confiaban en que el expediente que Bruselas abrió en abril a España por su legislación sobre ejecución hipotecaria era un signo positivo de cara a una solución favorable al consumidor.

Organizaciones como Asgeco, Facua, Adicae, Asufin o la CECU criticaron que se había puesto la estabilidad financiera del país y los intereses de la banca por delante de los derechos de los consumidores y llegaron a tachar el dictámen de “indignante” y “escandaloso”.

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