Fedea cuantifica el impacto medio anual durante los próximos 40 años en más de 4 décimas del PIB

Un grupo de jubilados juegan una partida de dominó en la playa de la Barceloneta de la ciudad Condal.

Un grupo de jubilados juegan una partida de dominó en la playa de la Barceloneta de la ciudad Condal.

La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) propone “blindar” la pensión mínima vinculando su crecimiento a la tasa de inflación como opción para “mitigar los efectos adversos” del índice de revalorización, que fija la subida mínima en el 0,25 %.

En la presentación del estudio “La salud financiera del sistema público de pensiones”, el director de Fedea, Ángel de la Fuente, ha cuantificado el impacto medio anual de dicha medida durante los próximos 40 años en más de 4 décimas del PIB (4.000 millones de euros anuales), que habría que financiar con impuestos adicionales.

Así, el incremento necesario de la recaudación del IRPF estaría en torno al 6 %, lo que a su juicio supondría “un coste aceptable”.

Para De la Fuente, el problema es que el índice de revalorización “se quedará atascado en el 0,25 % durante muchos años, por lo que las pensiones no se revalorizarían y experimentarían una cuasicongelación”, por lo que “habría que anteponer la necesidad de garantizar unos ingresos mínimos aceptables”.

Pese a la pérdida de poder adquisitivo, Fedea descarta extender esta indexación al IPC al resto de las pensiones, porque “desmantelaría una parte importante de la reforma de las pensiones de 2013″ y tendría un impacto medio anual en las próximas 4 décadas de 2,7 puntos del PIB, lo que requeriría de un incremento de recaudación del IRPF del 36 % para financiarlo.

Tampoco está a favor de revalorizar las pensiones financiando vía impuestos algunas de ellas, como viudedad y orfandad (lo que recortaría gastos en 22.000 millones de euros), a lo que se podría sumar las de incapacidad permanente (12.000 millones).

A juicio de Fedea, esta posibilidad permitiría elevar las pensiones por encima de la inflación durante unos pocos años, pero “después se volvería a tener el mismo problema”, al tiempo que trasladaría estos costes de los presupuestos de la Seguridad Social a los del Estado.

Lo que sí plantea es limitar el riesgo de inflación para el pensionista, poniéndole “un tope a su pérdida de poder adquisitivo”, modificando la fórmula del índice de revalorización para que se reste una tasa concreta a la inflación de cada año.

“Hay margen para suavizar las reformas y paliar sus efectos”, ha dicho De la Fuente, si bien esas soluciones en ningún caso suponen la derogación de las mismas, volviendo a indexar la revalorización de las pensiones al IPC y dejando el acceso a la jubilación en 65 años.

“Desmontar las últimas reformas sería demasiado caro. Hay margen para mejorarlas pero no para derogarlas”, ha insistido De la Fuente, quien ha cuantificado el impacto de su eliminación: la reforma de 2013 (3,1 puntos del PIB) y la de 2011 (2,2 puntos), lo que supondría un total de 5,3 puntos del PIB, y un incremento del IRPF del 70 % para financiarlo.

Las medidas deben surgir fruto de un acuerdo amplio, ha dicho De la Fuente, quien ha planteado elevar de manera paulatina la edad de jubilación incluso hasta los 68 años, para “dar a la gente más margen para decidir cuándo se quieren jubilar”, así como revisar los tipos de cotización y los topes máximos.

Además, es necesario mejorar la productividad y mejorar el empleo, mediante una reforma del mercado de trabajo, mejorando la dualidad con el contrato único y fomentando el crecimiento del tamaño de las empresas, ha señalado.

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