Los accionistas de Bankia reclaman fianzas de 4.000 millones a los imputados

    Carlos Aguilar,d., abogado del expresidente de Bankia Miguel Blesa, a su llegada a la Audiencia Nacional donde el juez Fernando Andreu ha convocado a todas las partes personadas en el "caso Bankia" para decidir si impone fianzas civiles a los imputados por presuntas irregularidades en su salida a bolsa, tal y como le han reclamado varias acusaciones particulares de accionistas afectados.

Carlos Aguilar,d., abogado del expresidente de Bankia Miguel Blesa, a su llegada a la Audiencia Nacional donde el juez Fernando Andreu ha convocado a todas las partes personadas en el “caso Bankia” para decidir si impone fianzas civiles a los imputados por presuntas irregularidades en su salida a bolsa, tal y como le han reclamado varias acusaciones particulares de accionistas afectados.

Al menos cinco de las acusaciones particulares que representan a varios accionistas de Bankia afectados por su salida a bolsa han reclamado al juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu que imponga una fianza civil a todos los imputados de 4.112 millones de euros.

 

Durante la vista en la Audiencia Nacional para estudiar la posibilidad de imponer esta medida a los imputados, han intervenido 12 letrados en nombre de casi 2.000 accionistas para exigir 34.112.000 euros en concepto de fianza civil, cuantía equivalente a lo que invirtieron en títulos de la entidad en julio de 2011, han informado fuentes jurídicas.

 

Cinco de ellos se han adherido a la petición que hizo UPyD para que la cuantía a fijar sea igual a lo que Bankia colocó en bolsa en su debut bursátil, 3.092 millones, más el tercio que establece la ley o, subsidiariamente, que la cifra sea la correspondiente a lo que cada uno invirtió.

 

A todo ello se ha opuesto la Fiscalía Anticorrupción, que entiende que, aunque existen “ciertos indicios de criminalidad”, también quedan “incertidumbres” por esclarecer, e imponer ahora a Bankia una fianza sería perjudicial al poner en tela de juicio su solvencia, lo que podría conllevar un descenso en su cotización.

 

El fiscal ha querido distinguir entre la causa principal y la de las tarjetas opacas, en la que sí se impusieron fianzas a los expresidentes de Caja Madrid Miguel Blesa y Rodrigo Rato y a la que se han aferrado varios de los afectados.

 

A su juicio, en el “caso Bankia” el perjuicio es de difícil cuantificación y, en todo caso, se podrá hacer en ejecución de sentencia.

 

El FROB ha mostrado también su rechazo a la medida cautelar porque, aunque se considera “víctima” porque “representa a la ciudadanía”, cree que no se puede lanzar un “mensaje de duda” sobre las entidades, al tiempo que ha criticado el informe de los dos peritos cedidos por el Banco de España que cuestionaron la salida a bolsa por sus “incoherencias”.

 

Ha precisado que los técnicos pecaron de “sesgo restrospectivo” y no tuvieron en cuenta a la hora de proponer sus ajustes las provisiones genéricas con las que contaba la entidad, por lo que ha anunciado que pedirá la incorporación del informe interno elaborado por el Banco de España que rebate sus conclusiones.

 

Los letrados de Rato y su mano derecha, José Manuel Fernández Norniella, han insistido en la necesidad de “recabar una interpretación auténtica” del supervisor, porque los dos peritos que cedió el Banco de España contradicen lo afirmado por testigos procedentes del instituto emisor, entre ellos su exgobernador Miguel Ángel Fernández Ordóñez.

 

Casi todos los imputados han aprovechado su intervención para arremeter contra los dos técnicos, como ha sido el caso del abogado de la propia Bankia, que ha aportado esta misma mañana la primera parte de su contrapericial, el informe elaborado por el catedrático de Economía Financiera Leandro Cañibano.

 

Mientras, el representante de la exconsejera Araceli Mora ha insistido en que los dos peritos adolecieron de “inconsistencias”, a lo que ha añadido que los “aparentes” perjudicados no han acreditado la actual titularidad de sus acciones, sino que solo han demostrado que las compraron, pero no si aún las conservan o las vendieron.

 

El abogado del que fuera vicepresidente de la entidad José Luis Olivas ha criticado que los peritos estuviesen “mediatizados” y sometidos a la opinión pública, mientras que el de su exconsejero delegado, Francisco Verdú, ha tildado la solicitud de “extravagante” y que causaría “perplejidad” en el mercado.

 

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