La UE acuerda reforzar normas contra el blanqueo y la financiación del terrorismo

El viceministro para Europa del Reino Unido, David Lidington (i), habla con el ministro de Exteriores danés, Martin Lidegaard (c), y el secretario de Estado para Europa de Alemania, Michael Roth, antes de una reunión del consejo de ministros de Asuntos Generales en la sede del Consejo Europeo en Bruselas (Bélgica), hoy.

El viceministro para Europa del Reino Unido, David Lidington (i), habla con el ministro de Exteriores danés, Martin Lidegaard (c), y el secretario de Estado para Europa de Alemania, Michael Roth, antes de una reunión del consejo de ministros de Asuntos Generales en la sede del Consejo Europeo en Bruselas (Bélgica), hoy.

El Consejo de Asuntos Generales de la Unión Europea (UE) aprobó hoy un acuerdo alcanzado con el Parlamento Europeo (PE) para reforzar las reglas comunitarias de prevención del blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo, tras los atentados de Francia y las operaciones antiyihadistas de Bélgica.

 

El objetivo es lograr que la directiva y el reglamento que regulan esta materia en la UE sean más fuertes y coherentes con el enfoque seguido a escala internacional, explica en un comunicado el Consejo.

 

La primera de las medidas que apoyan ambas instituciones es extender el alcance de la directiva, para lo que han decidido rebajar de 15.000 a 10.000 euros el umbral de pago en efectivo que se usaba como referencia para exigir el cumplimiento de determinados requisitos, por ejemplo, de identificación.

 

También se aplicará un enfoque basado en indicadores de riesgo y pruebas, y se pondrán en marcha normas más estrictas de control de los clientes.

 

Entidades como los bancos estarán obligadas a reforzar sus medidas de control en casos donde detecten que el riesgo es mayor, aunque podrán optar por procedimientos simplificados en aquellas circunstancias en las que quede probado que los peligros son menores.

 

Las nuevas medidas también aumentarán las exigencias de información relacionadas con los titulares reales de las compañías.

 

Los datos se almacenarán en un registro central y serán accesibles para las autoridades competentes, las unidades de inteligencia financiera y otras entidades como bancos, así como para toda aquella persona que demuestre un interés legítimo en ellas.

 

Entre los datos que se almacenarán figuran nombre del titular, fecha de nacimiento, nacionalidad, país de residencia y naturaleza y cuantía del beneficio efectivo que lo vincula a determinada compañía.

 

Para los servicios de apuestas que implican mayores riesgos, se exigirán controles de todas aquellas transacciones superiores a los 2.000 euros y solo en circunstancias probadas de riesgo mínimo se permitirá a los países aplicar determinadas exenciones, que en ningún caso incluirán a los casinos.

 

El incumplimiento de las nuevas normas puede acarrear una sanción de al menos el doble del beneficio derivado de una infracción equivalente a un millón de euros.

 

Cuando se trate de instituciones financieras o de crédito se podrán imponer sanciones de al menos cinco millones de euros o del 10 % de la facturación total anual de una persona jurídica y simplemente de cinco millones de euros para personas naturales.

 

El acuerdo con el PE fue alcanzado el pasado 16 de diciembre y, tras la aprobación hoy del Consejo, en el que están representados los estados miembros, se facilita su adopción en segunda lectura.

 

Los Veintiocho tendrán dos años para trasladar a sus legislaciones nacionales las normas incluidas en la directiva, mientras que el reglamento podrá ser aplicado directamente una vez se haya completado su aprobación formal.

 

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