El Gobierno subirá impuestos verdes y a refrescos si ve riesgos para el déficit

El ministro de Educación, Cultura y Deporte y portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo (c) y titulares de Economía, Luis de Guindos (i) y Hacienda, Cristóbal Montoro, durante la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros ayer en La Moncloa.

El ministro de Educación, Cultura y Deporte y portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo (c) y titulares de Economía, Luis de Guindos (i) y Hacienda, Cristóbal Montoro, durante la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros ayer en La Moncloa.

El Gobierno tirará de impuestos ambientales y de la tasa a bebidas azucaradas si ve “algún riesgo de desviación” del objetivo de déficit del 3,1 % comprometido para este año.

Según consta en el Programa de Estabilidad 2017-2020, si a lo largo del ejercicio se viese “algún riesgo de desviación del objetivo” se adoptarían medidas ya comprometidas en el proyecto presupuestario remitido en diciembre a Europa, “en concreto los impuestos medioambientales y el impuesto sobre las bebidas azucaradas, por importe de 300 y 200 millones, respectivamente”.

El Gobierno planteó estas medidas a finales del año pasado pero finalmente no se desarrollaron en el marco de los Presupuestos Generales para 2017.

El documento también añade que estos cambios fiscales se están viendo en el marco de la reforma de la financiación territorial.

En este contexto, subrayan, “se valorará la posibilidad de activar estas reformas, si fuese necesario, para garantizar el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria”.

El Programa de Estabilidad, aprobado ayer en el Consejo de Ministros y que hoy se ha remitido a Bruselas, también se refiere al conjunto de medidas de lucha contra el fraude incluidas en el proyecto presupuestario de diciembre.

Entre ellas está la reducción a 1.000 euros del tope para pagos en efectivo, frente a los 2.500 euros actuales.

El objetivo del Gobierno es incluirlas en un proyecto de ley que previsiblemente se aprobará a lo largo de 2017, añade el documento que prevé 1.800 millones de euros en positivo por este paquete de medidas, entre las que está el suministro inmediato de información del IVA ya en vigor.

Ya en la parte de gastos, se apunta a una ligera subida de la partida de inversiones públicas, que pasará de suponer el 1,9 % del PIB en 2016 al 2 % en 2017 y al 2,1 % en 2018, un porcentaje que se mantiene hasta 2020.

Ese incremento de una décima del PIB supondrá unos 1.000 millones de euros más cada ejercicio, partiendo de los 21.529 millones con los que terminó 2016.

“La inversión volverá a crecer para atender al mantenimiento de las inversiones y acometer nuevas inversiones financieramente sostenibles”, recoge el Gobierno.

Asimismo, señala que, para el periodo 2017-2018, esta partida está afectada “por la cobertura por importe de 3.500 millones de euros para atender la responsabilidad patrimonial” derivada de los procedimientos judiciales de las ocho autopistas de peaje que se encuentran en concurso de acreedores y que estiman pueda hacerse efectiva en esos años.

En el capítulo del gasto social, las proyecciones del Gobierno prevén una caída del gasto total en pensiones del 0,8 % en el periodo 2013-2060.

En cuanto al porcentaje que supondrá este gasto sobre el PIB, éste pasará del 25,4 % en 2013 al 25 % en 2020 y al 23,5 % en 2030.

Esta reducción, explican, se debe tanto a la revisión de las previsiones demográficas y macroeconómicas como a las reformas del sistema de pensiones emprendidas.

El Gobierno detalla que estas reformas han permitido ahorrar 1.000 millones en 2016 a los que se sumarán 1.148 millones este año y 1.200 millones en 2018.

En total, el programa recoge que todas las medidas adoptadas y previstas supondrán 4.805 millones de ahorro en la parte de fiscalidad y de 4.542 en otras partidas del Estado, Empleo y Seguridad Social.

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