De la Serna pide “sensatez, mesura y sentido común” a estibadores y patronal

El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, ha solicitado hoy a los sindicatos de estibadores y a la patronal "sensatez, mesura y sentido común" ante la convocatoria de ocho jornadas de huelga por parte de los trabajadores a partir del próximo miércoles en protesta por la reforma del sector. En la presentación del nuevo real decreto ley de reforma de la estiba en el debate de su convalidación o derogación en el Congreso, De la Serna ha destacado que el documento obedece estrictamente al cumplimiento de una sentencia europea contra España y que obliga a liberalizar el sector. Los sindicatos han convocado la huelga, ya que consideran que la reforma no garantiza el mantenimiento del empleo de los actuales trabajadores portuarios. Sin embargo, el ministro ha hecho hincapié en que el real decreto ley y el real decreto que lo desarrolla establecen las bases suficientes y las herramientas adecuadas para alcanzar acuerdos que aporten estabilidad y para garantizar que se celebren los correspondientes convenios colectivos, dirigidos al mantenimiento del empleo y la mejora de la productividad de las empresas. A su juicio, esos acuerdos se pueden alcanzar en muy poco tiempo, si hay voluntad por las partes, "por tanto, debería ser la hora del diálogo y no de la presión, y es la hora de sentarse en cada puerto para cerrar acuerdos", ha agregado. Según De la Serna, hay en esta normativa probablemente "más medidas y más estímulos, de los que no ha tenido ningún otro sector productivo en la historia reciente". Ha añadido que la huelga no lleva a "ningún sitio" y sus efectos terminan siendo "negativos" para el país, para la economía y para los trabajadores, "y no sólo los propios estibadores, sino los de otras empresas que exportan o importan a través de los puertos españoles". Asimismo, el titular de Fomento ha abogado por la convalidación del decreto ley porque es necesaria también para evitar las cuantiosas sanciones económicas solicitadas por la Comisión Europea (CE) al Tribunal de Justicia europeo (TJUE) en caso de incumplimiento de la sentencia. En este sentido, ha precisado que España acumula hasta hoy una multa superior a 24 millones de euros, resultantes de una sanción de más de 27.500 euros diarios desde que se dictó la sentencia en 2014, a la que se sumará una sanción de más de 134.000 euros desde el día que se dicte la segunda sentencia hasta el día en que se ejecute plenamente. "Dicha sentencia puede caer hoy o mañana, estamos absolutamente en tiempo de descuento", ha señalado el ministro, para explicar que, a diferencia de la anterior ocasión, cuando no se convalidó el primer decreto ley en marzo, la CE no ha trasladado hasta la fecha la garantía de que se pueda salvar el pago de los 24 millones que ya están devengados. "En la anterior ocasión sí, porque la CE nos aseguraba ese desestimiento, mientras que, en ésta, de momento esa garantía no la tenemos", ha afirmado De la Serna.

Un panel del Congreso de los Diputados muestra el resultado de las votaciones sobre el real decreto ley de reforma de la estiba, que ha sido aprobado con 174 votos a favor -del PP, de Cs, de PNV, Foro Asturias y UPN, entre otros- y 165 en contra, principalmente del PSOE, Unidos Podemos, ERC y Compromís, y con 8 abstenciones de PDeCAT.

El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, ha solicitado hoy a los sindicatos de estibadores y a la patronal “sensatez, mesura y sentido común” ante la convocatoria de ocho jornadas de huelga por parte de los trabajadores a partir del próximo miércoles en protesta por la reforma del sector.

En la presentación del nuevo real decreto ley de reforma de la estiba en el debate de su convalidación o derogación en el Congreso, De la Serna ha destacado que el documento obedece estrictamente al cumplimiento de una sentencia europea contra España y que obliga a liberalizar el sector.

Los sindicatos han convocado la huelga, ya que consideran que la reforma no garantiza el mantenimiento del empleo de los actuales trabajadores portuarios.

Sin embargo, el ministro ha hecho hincapié en que el real decreto ley y el real decreto que lo desarrolla establecen las bases suficientes y las herramientas adecuadas para alcanzar acuerdos que aporten estabilidad y para garantizar que se celebren los correspondientes convenios colectivos, dirigidos al mantenimiento del empleo y la mejora de la productividad de las empresas.

A su juicio, esos acuerdos se pueden alcanzar en muy poco tiempo, si hay voluntad por las partes, “por tanto, debería ser la hora del diálogo y no de la presión, y es la hora de sentarse en cada puerto para cerrar acuerdos”, ha agregado.

Según De la Serna, hay en esta normativa probablemente “más medidas y más estímulos, de los que no ha tenido ningún otro sector productivo en la historia reciente”.

Ha añadido que la huelga no lleva a “ningún sitio” y sus efectos terminan siendo “negativos” para el país, para la economía y para los trabajadores, “y no sólo los propios estibadores, sino los de otras empresas que exportan o importan a través de los puertos españoles”.

Asimismo, el titular de Fomento ha abogado por la convalidación del decreto ley porque es necesaria también para evitar las cuantiosas sanciones económicas solicitadas por la Comisión Europea (CE) al Tribunal de Justicia europeo (TJUE) en caso de incumplimiento de la sentencia.

En este sentido, ha precisado que España acumula hasta hoy una multa superior a 24 millones de euros, resultantes de una sanción de más de 27.500 euros diarios desde que se dictó la sentencia en 2014, a la que se sumará una sanción de más de 134.000 euros desde el día que se dicte la segunda sentencia hasta el día en que se ejecute plenamente.

“Dicha sentencia puede caer hoy o mañana, estamos absolutamente en tiempo de descuento”, ha señalado el ministro, para explicar que, a diferencia de la anterior ocasión, cuando no se convalidó el primer decreto ley en marzo, la CE no ha trasladado hasta la fecha la garantía de que se pueda salvar el pago de los 24 millones que ya están devengados.

“En la anterior ocasión sí, porque la CE nos aseguraba ese desestimiento, mientras que, en ésta, de momento esa garantía no la tenemos”, ha afirmado De la Serna.

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