Los Ayuntamientos de ciudades turísticas piden un control del alquiler vacacional

En la imagen, la Plaza Mayor de Madrid.

En la imagen, la Plaza Mayor de Madrid.

Los ayuntamientos de Madrid, Málaga, Palma de Mallorca, San Sebastián, Santander, Sevilla y Valencia han compartido hoy su preocupación por el aumento de viviendas para uso turístico y han pedido al Gobierno que haga frente a este fenómeno e implante medidas de control.

En unas jornadas, organizadas por Exceltur, el alcalde de Palma de Mallorca, José Hila (PSOE), ha pedido al Ejecutivo que ponga “firmes” a estas plataformas y les diga que anunciar un piso ilegal supone una sanción, mientras que el primer edil de Valencia, Joan Ribó, de Compromís, ha planteado un impuesto específico que grave a estos apartamentos, “opacos fiscalmente”.

Además, Ribó ha alertado de que estos alquileres están generando otros problemas, como la aparición de fondos de inversión que, en su opinión, están muy cerca de los denominados “fondos buitre”, que están generando “economías-burbuja”.

En la misma línea crítica a las viviendas de uso vacacional se ha manifestado el coordinador general de la Alcaldía de Madrid, Luis Cueto (Ahora Madrid), quien ha avanzado que el Ayuntamiento de la capital negará todos los permisos de convertir viviendas en uso hotelero.

El alcalde de Sevilla, el socialista, Juan Espadas, ha advertido de un fenómeno paralelo de “pseudo-gentrificación”, al provocar un aumento en los precios de alquiler del barrio donde se ubican estas viviendas.

La alcaldesa de Santander, Gema Igual, del PP, también se ha referido a quienes alquilan inmuebles para uso vacacional y se ha decantado por regularlo legalmente.

En el caso de San Sebastián, su alcalde, Eneko Goia, del PNV, ha comentado que el 50 % de las viviendas para uso turístico del País Vasco están en la ciudad donostiarra.

Goia ha reconocido que hay un serio problema de vigilancia y ha apostado por medidas de control para que este fenómeno sea totalmente legal.

También se ha referido a las tasas turísticas y, en este sentido, ha comentado que si alguien está pensando en poner un tributo con carácter disuasorio sería “absolutamente inválido” y “no tendría ningún efecto”.

Otro asunto en el que han coincidido estos ayuntamientos -salvo Santander y Málaga, del PP- es en el reproche al Gobierno por no permitirles reinvertir el superávit de sus cuentas en mejorar los equipamientos de sus municipios para promocionar el turismo.

En este sentido, el alcalde de Sevilla ha asegurado que en la ciudad hispalense hay patrimonio suficiente para generar ingresos al erario que además él estaría dispuesto a retornar “de manera inmediata” en promoción turística de la ciudad.

Sin embargo, Espadas ha lamentado que esto no sea posible porque Hacienda no deja gastar el superávit, “siquiera en reinvertir en el propio equipamiento” y prestar así un mejor servicio.

En esta línea, el coordinador general de la Alcaldía de Madrid, Luis Cueto, se ha referido a las “horrorosas restricciones” al ayuntamiento de la capital, con 1.000 millones de superávit que Hacienda no deja gastar.

Cueto ha asegurado que a la corporación que dirige Manuela Carmena le inquieta que “Ifema tenga 90 millones en su cuenta, que no se pueden movilizar para hacer cosas para Madrid”.

Los ayuntamientos de Santander y Málaga, ambos del PP y este último gobernado por Francisco de la Torre, no se han sumado a este reproche por entender que las corporaciones sí pueden utilizar el superávit en inversiones financieramente sostenibles.

No obstante, De la Torre ha pedido mayor flexibilidad para que se permita un “deslizamiento de la inversión al año siguiente”.

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