La Abogacía recurre el acuerdo de CGPJ sobre cláusulas suelo ante el Supremo

Integrantes de Adicae Castilla y León se manifiestan en Valladolid para pedir a Europa la retroactividad total de las cláusulas suelo.

Integrantes de Adicae Castilla y León se manifiestan en Valladolid para pedir a Europa la retroactividad total de las cláusulas suelo.

El Consejo General de la Abogacía Española ha anunciado que interpondrá un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Supremo contra la decisión del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de crear 54 juzgados uniprovinciales para gestionar en exclusiva las reclamaciones por las cláusulas suelo.

Una medida que ha acordado hoy el Pleno del Consejo en una reunión extraordinaria en Granada, donde se celebra estos días las VII Juntas de Gobierno de los 83 Colegios de Abogados de España, que han escenificado su rechazo en una concentración para mostrar su disconformidad y rechazo al plan del CGPJ.

Más de 700 personas se han concentrado esta tarde en el Palacio de Congreso y Exposiciones de Granada para hacer ‘una gran foto de familia’ en la que los letrados han exhibido una pancarta que decía “Cláusulas suelo: por los ciudadanos, no al acuerdo del CGPJ”.

La Abogacía considera que “el acuerdo del CGPJ infringe el ordenamiento jurídico y comportará graves problemas sociales” al tratarse de “una medida que agrava el problema que trata de solucionar”.

Como ejemplo, advierte de que “muchos de los juzgados designados carecen de capacidad para absorber las demandas que se concentren como consecuencia de este acuerdo, con lo cual los ciudadanos no podrán resolver sus conflictos en un tiempo razonable”.

Además, la Abogacía afirma que “incomprensiblemente”, la medida se ha adoptado “sin la necesaria dotación de medios ni presupuesto por parte del Estado y las comunidades autónomas”, lo que “colapsará los juzgados designados”, mientras “se desaprovecha la potencialidad de juzgados de partido” con capacidad para asumir estos asuntos.

Pero además la Abogacía cree que esta medida “conculca el principio de juez predeterminado por la ley y quiebra el principio de igualdad de partes en perjuicio del consumidor”.

En base a estos argumentos, el Consejo exige mantener la competencia residenciada en los juzgados de partido judicial, sin perjuicio de las medidas de especialización y refuerzo en las demarcaciones en que fueran convenientes y, en todo caso, con la consiguiente dotación presupuestaria.

Desde el próximo 1 de junio estarán operativos los 54 juzgados, -uno por provincia en la península y uno en cada una de las principales islas de los archipiélagos canario y balear-, que se ocuparán de cuestiones como vencimientos anticipados, intereses de demora, gastos de formalización de hipotecas o hipotecas multidivisa firmados en cada provincia.

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