Suiza aplicará el intercambio automático de información fiscal desde 2018

Suiza se adhirió hoy al acuerdo multilateral, que ya habían firmado otros 51 países, para la aplicación del intercambio automático de información fiscal, pero ha optado por esperar y no empezar a aplicarlo hasta 2018.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), la promotora de la iniciativa a nivel internacional, explicó en un comunicado que Suiza es el primer país que se suma tras la reunión anual del Foro Global sobre la Transparencia celebrado en Berlín el pasado 29 octubre.

La decisión suiza tiene que ser refrendada todavía por el Parlamento del país y es susceptible de que además sea sometida al voto de los ciudadanos.

Un billete de 100 euros, arrugado, sobre billetes de 100 francos suizos, en Zurich (Suiza).

Un billete de 100 euros, arrugado, sobre billetes de 100 francos suizos, en Zurich (Suiza).

La Confederación Helvética ya había avisado ante el Foro Global que iba a asumir el estándar de intercambio automático de información fiscal desarrollado por la OCDE y los países del G20.

Un grupo avanzado de los que han adoptado ese estándar tienen intención de empezar a aplicarlo en 2017. El resto de los que se han adherido tendrán que hacerlo al año siguiente.

Suiza era una de las principales plazas financieras que habían quedado al margen de este nuevo dispositivo creado para luchar contra la evasión fiscal, y eso había hecho que subiera la presión internacional sobre las autoridades helvéticas.

Sobre todo con el respaldo que había dado al intercambio automático el G20 en su cumbre del pasado fin de semana en Brisbane, Australia.

Para los países pioneros, está previsto que se comuniquen la información correspondiente a 2016 como muy tarde en septiembre de 2017 y a partir de entonces que lo hagan de forma automática -sin que medie una petición de otro país- y con periodicidad anual.

Cada administración fiscal comunicará datos personales (como el nombre, el número de identificación fiscal o el domicilio de residencia fiscal) acompañados de la información financiera (intereses, dividendos, ganancias y balances).

Todo ello sobre personas físicas y jurídicas titulares de cuentas o productos financieros, pero también sobre las personas que controlen entidades jurídicas.

Eso implica que previamente instituciones financieras como bancos, aseguradoras o agentes de bolsa, pero también organismos de inversión como fondos y otros, informen a la administración sobre sus clientes y usuarios.

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