El Gobierno considera justificado reducir la vida útil de las plantas de purines

 El secretario de Estado de Energía, Daniel Navia, ha defendido hoy que la decisión de reducir la vida útil de las plantas de purines para poder recibir retribución está “suficientemente justificada”, pues “las propias plantas de purines amortizaban sus activos a quince años”.

Navia, en declaraciones a los periodistas tras intervenir en Madrid en la apertura del III Congreso Eólico Español, ha explicado que hay “unos elementos objetivos que justifican” esa reducción de la vida útil regulatoria de las plantas -aquella durante la cual tienen derecho a recibir retribución-.

Navia ha dicho que son plantas que han funcionado muchas horas y, por tanto, también hacen un uso mayor de las instalaciones y las gastan más.

Ha añadido que entiende que haya promotores que les hubiera gustado otro diseño de la última orden que establece los parámetros retributivos de las instalaciones de tratamiento y reducción de purines y que las actualiza para el periodo 2017-2019, después de que el Tribunal Supremo en varias sentencias declarara nulos algunos de los que se incluían en la orden que se hizo en 2014.

Navia ha apuntado que todo el mundo quiere que ese diseño sea lo más generoso posible, pero la información que tiene el Ministerio de Energía es que las propias plantas de purines amortizaban sus activos a quince años, y “nuestro trabajo no es ser generosos, sino hacer una estimación técnica de lo que es la vida útil razonable, y quince años está suficientemente justificado”.

Ha añadido que con la nueva orden se cumple la sentencia del Tribunal Supremo, que “lo único que dice es que las instalaciones de purines tienen que tener una instalación propia separada de la de cogeneración”.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), en el informe que hizo de la nueva orden de parámetros, advirtió de que esa rebaja de 25 a 15 años de la vida útil excluiría a más de la mitad de las 33 existentes, que alcanzarían o superarían ese tiempo antes de finalizar 2017, y recordó que el Tribunal Supremo no requería que se modificara la vida útil de las instalaciones.

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