Los peritos discrepan entre “errores” o “fraude” en la CAM antes de su intervención

Una periodista toma notas en la sala de prensa de la Audiciencia Nacional de la declaración del expresidente de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) Modesto Crespo, en el juicio contra él y otros siete miembros de su antigua cúpula, acusados de varios delitos, entre ellos estafa, falsedad documental y apropiación indebida.

Una periodista toma notas en la sala de prensa de la Audiciencia Nacional de la declaración del expresidente de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) Modesto Crespo, en el juicio contra él y otros siete miembros de su antigua cúpula, acusados de varios delitos, entre ellos estafa, falsedad documental y apropiación indebida.

Peritos judiciales y propuestos por las partes han discrepado hoy acerca de la fidelidad de la imagen ofrecida por la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) antes de su intervención, divididos entre la hipótesis del “error” o del “fraude” intencionado en las cuentas anuales de 2010.

En una enconada y prolija prueba conjunta, los ocho expertos han ratificado el contenido de sus informes, en los que trataban la adecuación de las titulizaciones y reclasificaciones, operaciones efectuadas por la caja desde 2009 cuyo mal registro contable habría ocultado el deterioro de la CAM, según el escrito de la Fiscalía.

Una versión matizada por uno de los peritos, Rubén Manso, que ha negado que a partir de la documentación aportada a la causa “pueda manifestarse que la imagen pudiera estar alterada” ya que las cuentas habían sido auditadas por un experto independiente “sin salvedades”.

En este sentido, ha aludido al caso Bankia sobre las supuestas irregularidades en la salida a Bolsa y en la que la acusación pública ha descartado el presunto delito de falsedad contable al no quedar acreditada la vulneración de la normativa vigente y disponer de un colchón de provisiones para hacer frente a deterioros.

Al respecto, Manso ha insistido en que la CAM también tenía, a finales de 2010, “provisiones genéricas suficientes para cubrir cualquier déficit” como requería el Banco de España, y ha asegurado que en virtud de la información de la que dispusieron para elaborar sus peritajes no se puede hablar de falsedad en tanto que los estados no se pusieron a disposición de los inversores.

“Hay una diferencia abismal entre lo que es un error contable y un fraude”, ha puntualizado el perito de PwC Javier López Andreo, que ha explicado que “1.037 millones de euros es en sí un material significativo que muestra la intencionalidad de la CAM”, en alusión a la incorrecta gestión crediticia detectada por el regulador en diciembre de 2010, casi medio año antes de la intervención.

Ha señalado así a la política desplegada por los ex directores generales de la entidad Roberto López Abad y María Dolores Amorós, acusados junto a otros seis exdirectivos, para los que el Ministerio Público pide hasta siete años de cárcel por estafa continuada y falsedad contable en los estados anuales de 2010 y en los del primer semestre de 2011.

En relación con las operaciones objeto de controversias, los dos peritos judiciales, Sergio García y Ángel Regúlez, han afirmado que la CAM realizó “reclasificaciones inapropiadas” de créditos dudosos a normales desde 2009 que “incumplían” con la normativa y que siguieron produciéndose en los años siguientes.

Debate también en torno a la reexpresión de cuentas producida tras la intervención y que detectó 1.136 millones de pérdidas, una labor “ni conveniente, fácil o difícil, sino obligatoria”, han dicho, después de que los administradores provisionales del FROB detectaran un error en la contabilización de las titulizaciones.

Los peritos judiciales han calificado de “muy raritas” algunas de estas operaciones, que permitieron arrojar beneficios supuestamente ficticios de 65 millones de euros al ser dadas de baja de los balances, y han asegurado que al menos tres de ellas aparecían “mal contabilizadas”.

Para Manso, que ha sostenido que todas cumplían con los requisitos formales exigidos, el hecho de que la reexpresión se limitara a las titulizaciones demuestra que el deterioro de la entidad se registró durante 2011 y no antes, una idea suscrita por el perito propuesto por los ex directores generales de la CAM, Juan Carlos Torres, que ha aludido a la situación de crisis económica.

Tras las preguntas del fiscal del caso, Luis Rodríguez Sol, la presidenta del tribunal, la juez Ángela Murillo, ha suspendido la sesión hasta mañana, cuando el resto de las partes continuará con el interrogatorio de los ocho peritos.

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