La OCU recurre ante la Audiencia Nacional la liquidación del Banco Popular

Vista de la fachada de la sede del Banco Popular del madrileño barrio de San Blas.

Vista de la fachada de la sede del Banco Popular del madrileño barrio de San Blas.

La OCU ha presentado ante la sala de lo contencioso administrativo de la Audiencia Nacional un recurso contra la resolución del Banco Popular ejecutada el pasado 7 de junio por el FROB, al considerar que es contraria a derecho.

La organización de consumidores ya presentó el pasado 12 de junio una querella contra el expresidente de la entidad Ángel Ron; el ex consejero delegado Pedro Larena; el exvicepresidente Roberto Higuera; la firma auditora PwC, y el socio firmante, Francisco Barrios, por falsedad contable y estafa al inversor.

En esta ocasión, la OCU dirige su acción por vía administrativa contra la Comisión Rectora del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) que ejecutó la decisión de la Junta Única de Resolución (JUR), para “aclarar el procedimiento y depurar responsabilidades”, explica la organización en una nota.

La OCU, que no descarta otras posibles acciones judiciales “en defensa de los intereses de pequeños accionistas e inversores”, remitió hace unos días una carta a la Comisión Europea solicitando el acceso al expediente íntegro del procedimiento de resolución del banco.

Asimismo, el abogado Felipe Izquierdo, en su doble condición de abogado y “estafado”, ya que ha perdido 20.000 euros, ha pedido hoy al juzgado central de instrucción nº 4, cuyo titular es Fernando Andreu, que solicite a la firma auditora Deloitte el informe sobre el Popular que se presentó ante la JUR.

Al mismo tiempo, la asociación de consumidores Adicae ha solicitado las actas de las sesiones ejecutivas que llevaron a la resolución del Popular, dado el derecho que asiste a los accionistas “a conocer las razones por las que estos organismos tomaron una decisión tan extrema”.

Hasta el momento, más de 16.870 afectados se han puesto en contacto con la organización a través de la plataforma “Movilízate”, con la que la OCU espera conseguir una compensación por el perjuicio sufrido; en el momento de la liquidación, el Popular contaba con 305.000 pequeños accionistas.

El Santander anunció la compra del Popular por el precio simbólico de un euro después de que las autoridades europeas constataran la inviabilidad de la entidad de manera independiente.

A pesar de que el Banco Popular seguía cumpliendo los niveles mínimos de solvencia, su liquidez estaba en entredicho y se decidió que lo mejor era intervenir para proteger a los depositantes y vender la entidad al mejor postor.

La operación, decidida por el Banco Central Europeo (BCE) a través de la Junta Única de Resolución y ejecutada por el FROB, implicó la reducción a cero del capital social del banco, y la amortización o extinción de todas las acciones del banco admitidas a negociación en bolsa.

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