Reunión en Berlín entre poderes públicos, constructores alemanes, federaciones patronales y sindicatos

Alemania celebra una reunión de crisis sobre el diésel

Francia y Reino Unido acaban de anunciar que quieren poner fin a la venta de coches diésel o gasolina a partir de 2040

Banderas con el logo de Mercedes Benz se observan conto a un vehículo del constructor automovilístico alemán Daimler, el 24 de julio de 2017 en Stuttgart.

Banderas con el logo de Mercedes Benz se observan conto a un vehículo del constructor automovilístico alemán Daimler, el 24 de julio de 2017 en Stuttgart.

El gobierno alemán organiza el miércoles próximo una reunión de crisis sobre el futuro de los vehículos diésel, envueltos en un escándalo interminable que hace temer por el porvenir de la toda la industria del automóvil nacional, un pilar de la economía del país.

“La reputación de los coches ‘made in Germany’ puede verse dañada y esto sería algo terrible”, declaró este domingo el ministro de Transportes, Alexander Dobrindt, al diario Bild.

“La industria del automóvil se ha colocado en una situación realmente difícil” y tiene “ahora una tremenda responsabilidad que asumir para recuperar la confianza”, añadió.

Esta reunión en Berlín entre poderes públicos, constructores alemanes, federaciones patronales y sindicatos sobre el futuro de este sector tendrá lugar en un contexto europeo poco prometedor para el mismo.

Francia y Reino Unido acaban de anunciar que quieren poner fin a la venta de coches diésel o gasolina a partir de 2040.

Todos los fabricantes de vehículos en Alemania, Volkswagen y sus marcas Audi y Porsche, Daimler (Mercedes-Benz), pero también Opel y el estadounidense Ford, participarán en el “foro nacional”, que se celebra dos años después del inicio del escándalo diésel de Volkswagen.

EVITAR LAS PROHIBICIONES

El objetivo es el de encontrar soluciones para reducir los niveles de gases contaminantes.

Para los fabricantes, se trata sobre todo de evitar las prohibiciones de los vehículos diésel, con las que se amenaza en varias ciudades alemanas y preocupan a los clientes.

Esta posibilidad es una pesadilla para los constructores, cuando un tercio del parque automovilístico alemán está constituido por vehículos diésel.

Además, los fabricantes alemanes, durante mucho tiempo a la cola en el sector eléctrico, cuentan con las ventas de coches con motores diésel modernos, llamados “limpios”, para conseguir respetar el reglamento europeo en materia de reducción de emisiones de CO2.

El tribunal administrativo de Stuttgart, cuna de Mercedes-Benz y Porsche, ante el que acudieron grupos ecologistas, estimó el viernes que las prohibiciones de los vehículos diésel antiguos era la solución más eficaz para luchar en la ciudad contra la contaminación.

“Un golpe para los fabricantes de automóviles justo antes de la cumbre sobre el diésel”, se alegró Tobibas Austrup, de Greenpeace.

El “foro nacional sobre el diésel” se celebrará también en un contexto salpicado por la revelación de las sospechas de cártel entre los grandes constructores alemanes, que habrían, según la prensa, sentado las bases de la manipulación de las emisiones contaminantes.

DIMENSIÓN POLÍTICA

Ante la celebración de las elecciones legislativas del 24 de septiembre, la cuestión enfrenta a socialdemócratas del SPD y conservadores (CDU/CSU) de la canciller Angela Merkel.

EL SPD cargó contra Angela Merkel reprochándole su ausencia en esta cita estratégica.

“Cuando millones de motores diésel son el objeto de manipulación y que una de las industrias más grandes del país está en peligro, la canciller debería por supuesto estar presente en la reunión del diésel”, declaró un responsable del SPD, Johannes Kahrs, al diario Handelsblatt.

Merkel no prevé participar en la reunión, organizada por sus ministros especializados.

De manera general, la proximidad histórica del mundo político alemán con el sector del automóvil es criticada. Y esto implica a los dos grandes partidos: el estado región de Baja Sajonia, dirigido por los socialdemócratas, es un gran accionista de Volkswagen.

Estos vínculos con un sector, que es también uno de los mayores exportadores y empleadores del país (800.000 puestos), llevaron a los constructores a mostrar un “exceso de confianza”, lamentó esta semana la ministra de Medioambiente Barbara Hendricks.

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