El Gobierno activa el laudo de El Prat que da un día para consensuar árbitro

Reunión extraordinaria del Consejo de Ministros, para analizar la situación en el aeropuerto de El Prat por la huelga de empleados de Eulen, que amenaza con extenderse a otros aeropuertos, en un día en el que la Mesa del Parlament ha aplazado la tramitación de la Ley del Referéndum.

Reunión extraordinaria del Consejo de Ministros, para analizar la situación en el aeropuerto de El Prat por la huelga de empleados de Eulen, que amenaza con extenderse a otros aeropuertos, en un día en el que la Mesa del Parlament ha aplazado la tramitación de la Ley del Referéndum.

El Gobierno ha aprobado hoy la puesta en marcha de un laudo arbitral de obligado cumplimiento como medio de solución de la huelga indefinida declarada en la empresa Eulen Seguridad en el aeropuerto de Barcelona-El Prat, según ha anunciado el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros extraordinario celebrado esta tarde, el titular de Fomento ha explicado que las partes tendrán un plazo máximo de 24 horas desde la notificación del acuerdo, que prevé realizarse esta tarde o mañana por la mañana, para elegir a un árbitro.

En el caso de que no lo consigan, Fomento asignará a una persona en las 24 horas siguientes que someterá, con carácter previo, a las partes para que formulen cuantas alegaciones estimen oportunas en relación con su imparcialidad.

El árbitro dictará su decisión -que habrá de resolver en equidad cuantas cuestiones se hayan suscitado en el planteamiento y desarrollo de la huelga-, previa audiencia de las partes, en el plazo de diez días a contar desde la fecha de su designación.

La decisión de optar por el arbitraje, que se ampara en una ley de 1977 sobre relaciones laborales, se ha adoptado al concurrir una serie de “circunstancias”, ha explicado el ministro.

Entre estas circunstancias, figuran la duración de la huelga y las “posiciones irreconciliables” que han mantenido las partes durante el proceso de mediación.

De la Serna también ha aludido al “perjuicio para la economía nacional” derivado del conflicto, debido a su afección en el turismo nacional a nivel de empleo, de reputación, “deterioro de la Marca España” e impacto en sectores vinculados al turismo.

El ministro ha subrayado que este acuerdo tiene “carácter excepcional” y que no cree que se puedan extrapolar las circunstancias de estos trabajadores a otros aeropuertos porque existen diferencias, entre otras cuestiones, porque las empresas subcontratadas son diferentes.

En unas de ellas se cobran unos pluses y en otras no, y también en unos aeropuertos es necesaria una serie de refuerzos por la dimensión de la instalación y el número de pasajeros y, en otros, eso no es necesario, ha añadido el ministro.

Pese al conflicto, el aeropuerto de Barcelona-El Prat ha vuelto a funcionar hoy con normalidad en su tercera jornada de huelga indefinida de los trabajadores de seguridad privada, pertenecientes a la empresa Eulen, con unos servicios mínimos del 90 % y el refuerzo con más agentes de la Guardia Civil.

De la Serna también ha querido responder a las peticiones formuladas hoy por los sindicatos Comisiones Obreras (CCOO) y la Unión General de Trabajadores (UGT) para establecer un pacto global que permita recuperar los derechos sociales y económicos del sector de la seguridad privada, después de que el empeoramiento de sus condiciones laborales haya desembocado en el conflicto de El Prat.

El ministro ha anunciado un “acuerdo informal” para la creación de un grupo de trabajo, en el que participaría el Gobierno, sobre seguridad privada, que será el encargado de abordar cuestiones como la formación, la calidad del servicio, las condiciones laborales o las salariales.

El Gobierno prevé empezar a trabajar en “unos días” en la constitución de este grupo, que busca esbozar un marco general para el sector, sin sustituir a la negociación colectiva.

De la Serna ha insistido que el Ejecutivo ha entrado en la resolución del conflicto, una vez que fracasó el proceso de mediación, y que “no hay ningún otro recurso desde el punto de vista legal para hacer frente a esta situación”.

El arbitraje aprobado hoy se suma a una larga lista de laudos de obligado cumplimiento dictados en España en las últimas décadas, siendo los más recientes los del conflicto entre Aena y los controladores aéreos en 2011 y del de los pilotos de Iberia, en 2012.

El último litigio zanjado por esta vía se remonta a finales de 2011, cuando Iberia y sus pilotos se enfrentaron por la creación de la filial de bajo coste Iberia Express.

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