Una estrategia del Gobierno subraya que no cabe más construcción en la costa

Vista de la playa de Levante de Benidorm.

Vista de la playa de Levante de Benidorm.

España se ha convertido esta semana en uno de los primeros países del mundo en aprobar una estrategia nacional de adaptación de sus 7.883 kilómetros de costa a los efectos del cambio climático, en la que concluye que no caben más infraestructuras, construcciones y desarrollos urbanos en el litoral.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) recoge esta semana la aprobación de esta herramienta, mandato de la Ley de Costas de 2013, que ha contado con el asesoramiento científico de uno de los centros pioneros a nivel mundial en la materia, el Instituto de Hidráulica Ambiental de la Universidad de Cantabria (IH), y con un amplio proceso de participación pública.

La estrategia diagnostica la situación actual de la costa y concluye que “el modelo de desarrollo económico implantado en las últimas décadas y la explotación de los recursos ha supuesto una amenaza para el litoral, incrementando su exposición y vulnerabilidad al cambio climático debido a la presión urbanística y a la degradación sufrida”.

“La urbanización desmesurada de las últimas décadas, la construcción de infraestructuras en el litoral y la disminución del caudal sólido de los ríos ha modificado la línea de costa, destruyendo dunas, desecando marismas y lagunas costeras, aumentando la erosión y alterando el litoral mediante diques y espigones”, indica el texto.

Partiendo de esa situación y de las previsiones de los impactos del calentamiento, la estrategia “marca unas directrices generales de cómo para abordar esos efectos en la costa con una visión integradora, en la que se abarca no solo el dominio público costero, competencia del Gobierno, sino áreas de gestión autonómica”, indica a Efeverde el director de investigación del IH de Cantabria, Iñigo Losada.

“La estrategia valora los riesgos más allá de las competencias estatales y sienta las bases para actuar”, agrega el científico.

En el marco de esos riesgos, el documento determina que el aumento del nivel del mar y la subida de temperatura -con las serias implicaciones de esto último para los ecosistemas- serán los principales impactos en la costa, seguidos de las tormentas y temporales (más viento y oleaje), y del déficit de aportes de agua dulce.

La Oficina Española de Cambio Climático del Gobierno (OECC) no sólo se ha basado en las predicciones científicas para evaluar los riesgos para el litoral, sino que ha tomado los 500 kilómetros de costa de Asturias como un laboratorio vivo para evaluar impactos y respuestas gracias a un proyecto piloto llevado a cabo junto con el Principado en los últimos años.

Ante esta situación la estrategia desglosa todo un abanico de opciones para adaptarse a los riesgos, dando prioridad a la planificación y el seguimiento, y a las llamadas “infraestructuras verdes frente a las grises”, algo que tanto Losada como los ecologistas consultados por Efe consideran acertado.

Es decir que frente a nuevas obras de ingeniería para proteger la costa, la estrategia apuesta por proteger los ecosistemas naturales que ejercen esas funciones, preservando ríos, deltas, dunas, estuarios, humedales o marismas, y restaurando los que han dejado de prestar sus servicios por la degradación o destrucción humana.

También reconoce que las partidas que se requieren para actuar son inmensas y abre la puerta a las aportaciones del sector privado.

Concluye que “los beneficios de protegerse frente al incremento de las inundaciones costeras y la pérdida de territorio debido a la inundación progresiva y la erosión son mayores que los costes sociales y económicos de la adaptación”.

Sin medidas de adaptación los aproximadamente 15 millones de españoles que viven en 487 municipios costeros de 24 provincias y 10 Comunidades Autónomas se verán afectados por inundaciones costeras o desplazamientos por pérdida de territorio a finales de siglo.

Por eso, Losada considera que esta estrategia es un “hito importante” para una “gestión integrada de la adaptación en la costa, una herramienta que no posee todavía de manera tan detallada ningún otro país del mundo”.

Será la base para que las Comunidades Autónomas ejecuten planes de adaptación en los tramos de costa que tienen concesionados, y para los que en algunos casos ya están recibiendo fondos del Gobierno para este fin.

Organizaciones como WWF echan de menos objetivos medibles y presupuesto para acompañar la estrategia, que a juicio de su portavoz, Gema Rodríguez debería incluir también medidas como la desocupación de las zonas de costa de mayor riesgo, la reconsideración de dragados en la costa (como el de la desembocadura del Guadalquivir) o la definición de los caudales de agua dulce.

Para Tatiana Nuño, portavoz de cambio climático de Greenpeace, la estrategia servirá de poco “si no se ataja el problema de raíz y se reducen las emisiones causantes del cambio climático con una ley que establezca el abandono paulatino de los combustibles fósiles y acelere la transición a un modelo energético 100 % renovable”.

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