La FAO pide a los países atender los derechos de los pequeños pescadores

Dos pescadores frente a las costas de Sisal, en Yucatán, (México).

Dos pescadores frente a las costas de Sisal, en Yucatán, (México).

Los países deben garantizar los derechos de las comunidades de pescadores en pequeña escala en asuntos como la tenencia de los recursos marinos, el trabajo decente o la igualdad de género, apuntó hoy la FAO.

Desde que en 2014 los países de la Organización de la ONU para la Alimentación y la Agricultura (FAO) aprobaran las directrices voluntarias para la pesca en pequeña escala en el contexto de la seguridad alimentaria y la erradicación de la pobreza, esta agencia ha estado impulsando su aplicación a nivel global, regional y local.

La experta de la organización Nicole Franz explicó a Efe que la implementación de esas normas “va más allá de la gestión de la pesca” y abarca otros aspectos como la igualdad de género, el cambio climático, el desarrollo social y el trabajo decente, por lo que se necesita unir a las distintas administraciones.

Recordó que dichas directrices están basadas en un enfoque de derechos humanos y destacó el necesario reconocimiento de los derechos comunales en el acceso a los recursos y el principio de participación, ya que “cualquier decisión debe tomarse con las pequeñas comunidades de pescadores porque conocen mejor sus problemas y necesidades”.

También se presta atención a las condiciones laborales de los trabajadores del sector pesquero, víctimas en muchas ocasiones de abusos y explotación, como revelan los casos conocidos en los últimos años en distintas partes del mundo como el Sudeste Asiático.

Millones de personas trabajan en la pesca artesanal y dependen de esa actividad para vivir, aunque sus intereses pueden entrar en conflicto con los de las grandes flotas, aliadas de los países que les venden los derechos de explotación de sus aguas para obtener el máximo beneficio económico.

Según Franz, los países tienen igualmente la posibilidad de emplear a sus habitantes en la costa para contribuir a la seguridad alimentaria y mantenerlos en esos lugares con perspectivas de futuro como un elemento de “estabilidad social”.

Se trata, en su opinión, de tomar decisiones y encontrar soluciones que beneficien a todos, incluso cuando existen zonas protegidas para conservar los océanos a fin de evitar tensiones con las comunidades locales, que deberían “ser consultadas y participar directamente” en la gestión de esos recursos.

A nivel regional, la FAO está colaborando con diversas organizaciones como el Parlamento Latinoamericano (Parlatino), que ha elaborado una ley modelo de pesca artesanal que permita a cada país de la región adaptar sus respectivas políticas y leyes.

Mediante talleres y seminarios, la ONU está difundiendo el contenido de las directrices voluntarias y, con ese propósito, la próxima semana organiza un curso en Panamá para los indígenas centroamericanos junto con el Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe (Filac).

Uno de los países de la región que ya está utilizando esa normativa es Costa Rica, que las ha incluido en un proyecto de ley y está trabajando en mejorar las capacidades de las comunidades de pescadores pobres.

Su caso está incluido en un libro recientemente publicado por la red “Too Big To Ignore” (demasiado grande para ignorar), formada por unos 400 expertos y 20 organizaciones que investigan la situación tan diversa de las pequeñas pesquerías en los diferentes países.

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