La UE adopta nuevas normas sobre fondos de capital riesgo

Tribunal de Cuentas europeo.

Tribunal de Cuentas europeo.

Los países de la Unión Europea (UE) dieron hoy luz verde definitiva a sus nuevas normas sobre los fondos de capital riesgo, que permitirán que estos sean comercializados por un mayor número de gestoras y ampliarán el tipo de empresas que pueden acceder a ellos.

Los ministros de Agricultura de los Veintiocho aprobaron en un punto sin debate una serie de cambios que tienen por objetivo diversificar las fuentes de financiación de las empresas, para que especialmente las emergentes puedan beneficiarse del acceso a los mercados de capitales.

“Al facilitarles la obtención de financiación en los mercados de capitales, lo que se pretende es que las empresas no tengan que depender exclusivamente de los préstamos bancarios”, dijo en un comunicado el ministro de Finanzas estonio, Toomas Toniste, cuyo país ostenta la presidencia semestral de la UE.

Las normas aprobadas hoy ajustan la normativa adoptada en 2013 para estimular las inversiones en fondos de capital riesgo europeos (FCRE) y fondos de emprendimiento social europeos (FESE).

En concreto, los cambios permitirán que los gestores de fondos más grandes, es decir, aquellos que gestionen más de 500 millones de euros en activos, podrán comercializar y gestionar fondos FCRE y FESE.

Asimismo, se amplía la gama de empresas en las que pueden invertir los fondos FCRE, para incluir empresas no cotizadas de hasta 499 empleados (pequeñas empresas de mediana capitalización) y pymes que coticen en mercados de pymes en expansión.

También facilitan y abaratan la comercialización transfronteriza de tales fondos, según indicó el consejo de la UE en un comunicado.

La UE espera así seguir el paso a Estados Unidos, con respecto a quien va rezagada en materia de capital riesgo.

Según la Comisión Europea, entre 2009 y 2014 habría habido disponibles 90.000 millones de euros suplementarios para la financiación de las empresas europeas si los mercados de capital riesgo hubieran estado igual de desarrollados que en Estados Unidos.

El visto bueno de los países era el último trámite necesario para que las nuevas normas pudiesen entrar en vigor, después de que la Eurocámara diese su aprobación el 14 de septiembre.

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