Exconsejeros de Abengoa apoyaron el cese de Benjumea sólo para asegurar la ampliación

El expresidente de Abengoa Felipe Benjumea (d), junto al ex consejero delegado Manuel Sánchez Ortega (2d); la que fuera presidenta de la comisión de Nombramientos y Retribuciones en la época -septiembre de 2015- Mercedes Gracia (c), y dos de sus consejeros Alicia Velarde (2i) y Antonio Fornieles (i), el pasado día 16 de octubre durante el juicio en la Audiencia Nacional contra la antigua cúpula de Abengoa por el cobro de indemnizaciones millonarias.

El expresidente de Abengoa Felipe Benjumea (d), junto al ex consejero delegado Manuel Sánchez Ortega (2d); la que fuera presidenta de la comisión de Nombramientos y Retribuciones en la época -septiembre de 2015- Mercedes Gracia (c), y dos de sus consejeros Alicia Velarde (2i) y Antonio Fornieles (i), el pasado día 16 de octubre durante el juicio en la Audiencia Nacional contra la antigua cúpula de Abengoa por el cobro de indemnizaciones millonarias.

Exconsejeros de Abengoa han asegurado hoy en el juicio contra la antigua cúpula de la compañía que el cambio en la presidencia “no dependió de decisiones autónomas” del Consejo de Administración y que sólo lo apoyaron para asegurar la ampliación de capital, después fallida, necesaria para el futuro de la firma.

Así lo ha manifestado José Domínguez Abascal, sucesor de Felipe Benjumea al frente de la multinacional, que ha añadido que “estaba clarísimo que no se iba a firmar el aseguramiento de la operación” sin el relevo de la cúpula, y ha defendido la posterior contratación del expresidente como asesor no ejecutivo “por su conocimiento”.

En calidad de testigo, ha afirmado que desde el Consejo tenían la sensación de que “los bancos querían apoyar la ampliación pero con la boca chica, ya que siempre había una dificultad”, y ha destacado que conoció la condición impuesta por el Santander a través de Antonio Fornieles, que “venía con mala cara” tras su reunión con la entidad.

En este sentido, el responsable de Banca para España de Citigroup, Ignacio Gutiérrez-Orrantia, ha asegurado que esta entidad financiera “nunca confirmó su disposición” a participar en la ampliación de capital, una vez conocidas las cuentas que presentó Abengoa el 31 de julio de 2015.

Aunque él no formaba parte del equipo de trabajo que se ocupó del posible aseguramiento de la ampliación de capital por parte de Citi, sí le consta que la entidad “nunca se comprometió a participar”.

Domínguez Abascal, que ha asegurado que “ser presidente no estaba en mis cálculos”, ha dicho que fue el propio Benjumea quien le planteó hacerse con el control de la compañía ante un posible cese, algo que en ese momento le pareció improbable ya que “abandonar la empresa no está en su ADN”.

Con todo, ha aseverado que “desde que tenía la percepción de que me podía caer la presidencia” pensó en que “iba a necesitar el apoyo de una persona que había estado ahí durante 25 años”.

Durante la sesión también ha comparecido Javier Benjumea, hermano del expresidente de la firma e integrante del Consejo de Administración en la época, que se ha acogido a su derecho a no declarar.

Sí lo ha hecho, en cambio, el exconsejero de Abengoa Claudi Santiago, que ha señalado que en el consejo que acordó el cese de Benjumea “ocurre de todo” y ha afirmado que apoyó el cambio en la presidencia al comunicársele que “los bancos estaban esperando fuera y que hasta que no se acordara no iban a firmar la ampliación de capital”.

Santiago, que siguió la reunión vía telefónica desde Londres, ha indicado que si bien fue el Santander el que impuso la condición en un primer momento, ese día parecía “una posición consensuada de otros bancos”.

En su opinión, las entidades “sólo querían que Benjumea no tuviera ningún poder ejecutivo en la compañía, ni voto en el consejo, ni poder de decisión”, razón por la que no se opusieron a que éste continuara dentro de Abengoa como asesor.

La Audiencia Nacional juzga desde el lunes a cinco miembros de la antigua cúpula de Abengoa, entre ellos a Felipe Benjumea y su ex consejero delegado, Manuel Sánchez Ortega, por presunta administración desleal.

El fiscal pide para ellos penas de entre cinco años y cuatro años y tres meses, respectivamente, por las indemnizaciones de 11,4 y 4,5 millones de euros percibidas por ambos exdirectivos tras su salida, producida apenas meses antes de que la compañía solicitara el preconcurso de acreedores, en noviembre de 2015.

Print Friendly, PDF & Email
Me gusta
Me gusta Me encanta Me divierte Me asombra Me entristece Me enfada
1