La presidencia de la UE espera un acuerdo sobre normas para los trabajadores desplazados

La ministra de Empleo del Gobierno español, Fátima Báñez (d), a su llegada al consejo de ministros de Empleo de la UE que se celebra en Luxemburgo, hoy 23 de octubre de 2017.

La ministra de Empleo del Gobierno español, Fátima Báñez (d), a su llegada al consejo de ministros de Empleo de la UE que se celebra en Luxemburgo, hoy 23 de octubre de 2017.

El ministro de Empleo estonio, Jevgeni Ossinovski, cuyo país ostenta la presidencia semestral de la Unión Europea (UE), se mostró hoy confiado en que los Veintiocho puedan cerrar una posición común sobre la revisión de las normas para los trabajadores desplazados.

“Tenemos muchas esperanzas en que la directiva sobre los trabajadores desplazados avance y se acuerde un enfoque general en el Consejo de hoy”, dijo el titular estonio a su llegada al consejo de ministros de Empleo de la UE que se celebra en Luxemburgo.

Los Veintiocho están llamados a alcanzar un acuerdo de cara a la negociación final con la Eurocámara de los cambios en la legislación que se aplica a los trabajadores desplazados, aquellos que son enviados por sus empresas a otros Estados miembros de la UE para prestar un servicio por un tiempo determinado.

Ossinovski aseguró que en los últimos meses la presidencia “ha hecho un trabajo inmenso para solventar las diferencias entre los países” sobre esta propuesta “difícil”, y subrayó que hay la posibilidad de que hoy se cierre un acuerdo “que garantizaría el derecho a la libertad de movimientos en servicios, pero al mismo tiempo protegería los derechos de los trabajadores”.

La Comisión Europea (CE) propuso en marzo de 2016 revisar esta legislación, que data de 1996, pero hasta ahora no se ha llegado a un consenso porque mientras algunos países lo apoyan, como Francia, Alemania, Italia u Holanda, otros tienen reticencias, como España, Portugal, Hungría, Polonia, República Checa, Eslovaquia, Rumanía y Bulgaria.

Los principales puntos de divergencia, señaló el ministro estonio, son el periodo máximo durante el que los trabajadores podrán permanecer desplazados -la CE propone 24 meses- y la aplicación de las normas al sector del transporte por carretera y el cabotaje.

A España el plazo de 24 meses le parece “razonable”, pero en cuanto al transporte cree que la naturaleza de este sector “no justifica” que se le apliquen las normas de trabajadores desplazados, según fuentes diplomáticas.

Por su parte, la comisaria europea de Empleo y Asuntos Sociales, Marianne Thyssen, también se mostró “muy confiada” en la posibilidad de alcanzar un acuerdo si hay “voluntad política” para ello, aunque recordó que “el diablo está en los detalles” de los temas que quedan por pactar.

Thyssen aseguró que el Ejecutivo comunitario está a favor de la libertad de movimientos, pero defendió que esta tiene que organizarse de forma “clara” para garantizar la “justicia” en el mercado laboral.

Además de la duración máxima de los desplazamientos y las normas aplicables al transporte, los países deben decidir la fecha de entrada en vigor de la misma y el periodo de transición, que para España debería ser “amplio” puesto que las nuevas normas serán difíciles de transponer en las legislaciones nacionales, según fuentes diplomáticas.

La propuesta de la Comisión prevé que los trabajadores desplazados cobren lo mismo que los locales, incluidas primas o extras, y no solo el salario mínimo del país como hasta ahora.

Asimismo, fija un tiempo máximo de 24 meses de desplazamiento, tras el cual empezarían aplicárseles todas las leyes laborales del país de destino.

El grupo de Visegrado (Hungría, Polonia, República y Checa y Eslovaquia), principales detractores de la revisión, creen que las medidas impedirán el libre movimiento en la prestación de servicios, fracturarán el mercado interior y minarán la competencia económica entre países, indican fuentes diplomáticas, que añaden que estos países están haciendo esfuerzos para solventar las preocupaciones de sus socios.

Estas vienen en particular de Francia, principal receptor de trabajadores desplazados, que defiende que se apruebe e incluso se restrinja a solo doce meses el periodo máximo de desplazamiento.

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