España satisfecha porque el acuerdo de trabajadores desplazados no divide la UE

El secretario de Estado de Empleo, Juan Pablo Riesgo.

El secretario de Estado de Empleo, Juan Pablo Riesgo.

El secretario de Estado de Empleo, Juan Pablo Riesgo, se ha mostrado muy satisfecho con el acuerdo alcanzado por los ministros de Empleo de la Unión Europea (UE) de cara a reformar la directiva de trabajadores desplazados, porque se ha logrado sin dividir a Europa.

“Era importante que haya una directiva, que dejara fuera al sector del transporte, y que se haya logrado un acuerdo sin una división terrible, visceral y desgarradora de Europa en dos bloques”, ha asegurado Riesgo en una entrevista telefónica desde Luxemburgo, donde se cerró ayer por la noche la propuesta del Consejo Europeo.

La reforma de esta directiva, que data de 1996, pretende mejorar las condiciones laborales de los trabajadores que son desplazados por su empresa a otro país, garantizándoles salarios justos y mejorando su protección, al tiempo que se ataja la competencia desleal de las empresas.

Con el acuerdo consensuado ayer, el Consejo está a la espera de que el Parlamento Europeo apruebe entre hoy y mañana su propuesta de reforma de la directiva para comenzar el trílogo, las negociaciones a tres bandas entre Comisión, Consejo y Parlamento de la que saldrá una redacción final.

La reunión del Consejo de ayer estaba dividida entre los partidarios de revisar la norma con un planteamiento que implicaba una mayor protección a los trabajadores desplazados (encabezados por Francia, Alemania e Italia) y los que abogaban porque primara la libertad de circulación en aras de la competitividad.

Entre estos se contaban España, Portugal, Irlanda, Hungría, Polonia, República Checa, Eslovaquia, Rumanía y Bulgaria, que demandaban en particular excepciones para el transporte.

Riesgo ha destacado la labor por el consenso llevada a cabo por la ministra española, Fátima Báñez, junto a su homóloga francesa para que la directiva no se aplique al sector del transporte por carretera hasta que se implemente el “Paquete de Movilidad” con las normas específicas para este sector que comenzará a negociarse el año que viene.

Aunque la propuesta no ha sido apoyada por todos los países miembros, “la foto final no divide a Europa”, ha destacado Riesgo, quien ha puesto en valor también la labor de España en la redacción del plazo a partir del cual a los trabajadores desplazados se les comenzará a aplicar la legislación laboral del país de destino.

El acuerdo cerrado establece que ese plazo será de doce meses, un periodo que podrá ampliarse otros seis meses si así lo notifica el proveedor de servicios.

Según ha explicado Riesgo, las conversaciones entre España, Rumanía y Francia han sido fundamentales para desatascar este punto de la negociación, al sugerir que únicamente una notificación motivada sea suficiente (y no una solicitud) para prorrogar el plazo seis meses más, alcanzando los dieciocho meses.

Riesgo ha asegurado que, si bien este acuerdo establece un plazo de tres años para trasladar la directiva al ordenamiento jurídico de cada país y de un año más para comenzar a aplicarla, “el objetivo del Gobierno es transponerla cuanto antes”, para lo que ha asegurado que “en España hay bastante consenso al respecto”.

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