El Congreso aprueba la ley que da derecho a que todos tengan una cuenta bancaria

Una persona canjea su dinero en una oficina de cambio de divisas.

Una persona canjea su dinero en una oficina de cambio de divisas.

El Congreso de los Diputados ha convalidado hoy la nueva ley que garantiza el derecho universal de acceso a una cuenta bancaria básica y que facilita a cualquier residente en España el conocimiento de las comisiones que paga ya que el banco le entregará con antelación un informe detallado.

El Pleno de la Cámara Baja ha aprobado por 241 votos a favor, 4 en contra y 94 abstenciones esta ley que traspone una directiva europea con un año de retraso y que además permitirá a los consumidores la cancelación de cuentas en 24 horas.

El ministro de Economía, Industria y Competitividad, Luis de Guindos, ha explicado que la norma dará un tratamiento ágil y eficaz al traslado de las cuentas bancarias y mejorará la transparencia a la hora de comparar las comisiones de los diferentes proveedores.

Ha defendido la urgencia de esta convalidación para evitar la multa de Bruselas y ha incidido en que la ley redunda en mayor transparencia ya que acaba con la exclusión financiera y profundiza en la construcción de un mercado interior de productos minoristas.

Según la nueva norma la entidad financiera solo podrá denegar el acceso a las cuentas de pago básicas en casos “muy tasados”, por ejemplo, por el riesgo de blanqueo o financiación del terrorismo.

El banco deberá entregar “con suficiente antelación” al nuevo usuario un informe sobre las comisiones que paga y lo actualizará anualmente y también debe proporcionar una serie de servicios como la domiciliación de recibos, una tarjeta de débito o transferencias.

Además, se facilitará la comparación, a través de la web del Banco de España, del recargo que aplica cada entidad para mejorar la transparencia, al tiempo que se agiliza el cambio a otro competidor por parte del usuario en un periodo máximo de 13 días.

Aunque esta cuenta bancaria puede llegar a ser gratuita, el Ministerio de Economía se encargará de fijar una comisión máxima, “razonable”, este ha sido precisamente el principal motivo de crítica de la mayoría de los grupos parlamentarios.

Durante el debate en el pleno, el diputado del PSOE Javier Lasarte ha criticado además la gestión del ministro De Guindos y le ha recriminado que el Gobierno haya decidido “en contra de la mayoría” la venta del 7 % de las acciones de Bankia “por debajo del valor de su adquisición” por lo que -ha anunciado- que su formación ha pedido su comparecencia en el Congreso.

Lasarte ha argumentado la abstención ante la convalidación de la norma porque debe favorecer que las cuentas de pago básicas sean realmente gratis y “obvia” la parte de la directiva de la UE que dice los estados miembros deben velar porque se dan estos servicios de cuenta sin pago alguno y no mediante acuerdo de las partes.

Desde Unidos Podemos, el diputado Alberto Montero ha recordado que una consecuencia de la crisis económica ha sido la exclusión financiera por la concentración bancaria que ha reducido el número de sucursales y entidades de crédito y ha lamentado que la norma sea poca ambiciosa por lo que ha anunciado que su formación presentará una proposición no de ley que garantice el acceso “real” a una cuenta básica.

El diputado de Ciudadanos Vicente Ten ha mostrado su preocupación por las comisiones que pueden pagar los más desfavorecidos por descubiertos y ha defendido la transparencia bancaria sin coste alguno ya que “la opacidad no es una garantía democrática, es la impunidad absoluta”.

Idoia Sagastizabal, del PNV, ha recordado que los pagos en efectivos se limitan cada vez más y ha urgido a la necesidad de una cuenta corriente básica universal ya que ayudará en la movilidad de determinados colectivos dentro de la UE, como trabajadores o estudiantes, aunque ha lamentado que no se conozca la cuantía máxima de la comisión que puede establecer el ministerio.

Por su parte, el diputado del PDeCAT Ferrán Bel del PDeCAT ha criticado que se presente en la Cámara como un real decreto y ha pedido que se tramite como un proyecto de Ley para enmendarlo sobre todo en posibles riesgos de invasión competencial.

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