Adicae cuestiona la ley hipotecaria por aumentar la desigualdad del cliente

En la imagen, viviendas en construcción. ARCHIVO.

En la imagen, viviendas en construcción. ARCHIVO.

La asociación de consumidores Adicae ha cuestionado hoy el proyecto de ley de crédito inmobiliario, que se debatirá este jueves en el Congreso, al considerar que no protege al consumidor sino que supone un “claro retroceso y empeoramiento” de su posición respecto al ya actual desequilibrio con la banca.

En rueda de prensa, la agrupación que preside Manuel Pardos ha anticipado sus propuestas de enmienda a una nueva normativa que “no resuelve bien casi ninguno de los gravísimos problemas” surgidos en España con la crisis, y ha criticado que el proyecto contemple un interés moratorio único que “triplica” al vigente y lo eleva al 9 %.

Según los cálculos del registrador de la propiedad Carlos Ballugera, de convertirse en ley, este hecho permitiría embolsar a los bancos unos 1.840 millones de euros al año, todo ello a pesar de la doctrina del Tribunal Supremo, que entiende como abusivo los intereses de demora dos puntos por encima del interés remuneratorio establecido por contrato.

Para Adicae, la redacción del proyecto “no superaría el filtro de abusividad de nuestros tribunales en la inmensa mayoría de los casos”, una versión que secunda Ballugera, quien ha reprochado que una norma de protección para los consumidores “sirva para empeorar” esta situación.

Sobre la cláusula de vencimiento anticipado se ha pronunciado el secretario general de la asociación, Fernando Herrero, que ha defendido la necesidad de establecer un esquema que cumpla con la jurisprudencia europea, que en 2013 acordó que el prestamista sólo podía invocar el vencimiento anticipado cuando el impago fuera lo “suficientemente grave y esencial”.

Al respecto, Adicae sostiene que debería entenderse dicha situación cuando el cliente haya dejado de atender un número de cuotas cuyo importe “sea equivalente al 8 %”, porcentaje que se incrementará “hasta el 10 %” si la mora se produce dentro de la segunda mitad del préstamo.

Herrero también ha destacado que el planteamiento del Gobierno “pretende cargarse la transparencia material, tergiversándolo para que el mero suministro de información sea una prueba previa de que se ha superado el control”, motivo por el que plantea la eliminación del papel del notario al entender que “sólo beneficia a los prestamistas”.

Durante el encuentro, Pardos ha subrayado la “novedosa” proposición de ley sobre la transparencia en los contratos, promovida por Adicae el pasado noviembre, que se votará en el Congreso durante el pleno de mañana.

“Hace falta esta doctrina ya que no podrán resolverse leyes como la hipotecaria de no resolverse previamente cuestiones generales de los contratos”, ha explicado en alusión a la proposición, que “no sólo se refiere a los de crédito, sino también a los de ahorro, telecomunicaciones y energía”, entre otros.

Más contundente se ha mostrado Ballugera, que ha insistido en que “la mera información” no exime de incurrir en conductas abusivas, ya que la adecuada transparencia implica, además, que el usuario entienda los riesgos y las consecuencias económicas y jurídicas de las condiciones contractuales.

Por ello, Pardos ha lanzado un llamamiento a los grupos parlamentarios y al Ejecutivo para que pongan fin a “una legislación de parches” y “acepten el debate de la transparencia”, adaptando la norma española “al siglo XXI y a Europa”.

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