Bancos y sociedades de inversión deberán asumir 156.400 euros al año de costes de la nueva ley de resolución

 Un hombre consulta su móvil ante una pizarra electrónica con datos de las principales bolsas en Tokio el 26 de enero.

Un hombre consulta su móvil ante una pizarra electrónica con datos de las principales bolsas en Tokio el 26 de enero.

Las entidades de crédito y las sociedades de valores e inversión deberán asumir unos costes de al menos 156.400 euros al año por las nuevas obligaciones que les impone la Ley de Recuperación y Resolución, que traspone a la normativa española las directivas comunitarias de Reestructuración y resolución y de Sistema de Garantía de Depósitos, con las que se avanza en la unión bancaria.

 

 

Así consta en la memoria de impacto que acompaña al proyecto de ley de Recuperación y resolución de entidades de crédito y empresas de servicios de inversión, que el Consejo de Ministros aprobó el pasado viernes y que será tramitado por la Comisión de Economía del Congreso por la vía de urgencia.

 

Según el documento, al que ha tenido acceso Europa Press, la norma fija unas nuevas cargas administrativas para los 50 bancos nacionales, 22 filiales, dos cajas de ahorros, 67 cooperativas de crédito y 80 agencias y sociedades de valores que existen actualmente en España.

 

PLAN DE RECUPERACIÓN

 

En primer lugar, todas estas entidades deberán presentar un plan de recuperación actualizado anualmente, cuyo coste se estima en unos 500 euros. Además, cuando el supervisor –el Banco de España o la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), según el caso– abran un procedimiento de actuación temprana podría ser necesario presentar un plan de actuación, que costaría otros 500 euros, y/o un plan de renegociación de la deuda, de similar precio.

 

Por otra parte, las entidades que estén ejecutando un plan de actuación temprana deberán informar trimestralmente sobre el grado de cumplimiento del mismo, lo que les acarreará un coste de 30 euros. Y todas las entidades de crédito e inversión estarán obligadas a cooperar y facilitar información al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) en relación con su plan de resolución. Estas comunicaciones se realizarán, previsiblemente, una vez cada tres meses con un coste de unos 52 euros.

 

Así, si las 221 entidades financieras afectadas por la normativa funcionan con normalidad y sólo deben presentar su plan anual de resolución y colaborar con los supervisores, el coste a asumir en cada ejercicio ascenderá a unos 156.468 euros, mientras que en el caso “extremadamente improbable” para el Gobierno de que “todo el sector se vea sometido a una actuación temprana” las cargas se dispararían hasta los 403.988 euros.

 

NO SERÁ IGUAL PARA TODOS

 

El Ministerio de Economía también precisa en la memoria de impacto económico que las nuevas cargas no afectarán de forma igualitaria a entidades de crédito y sociedades de inversión. Y es que las primeras ya están sometidas a ciertos costes, en virtud de la reforma financiera de noviembre de 2012, por lo que las obligaciones “realmente nuevas” son las de cooperación con el FROB.

 

Así, el nuevo coste para las entidades bancarias ascenderá a 29.328 euros anuales, a los que hay que sumar los 70.500 euros derivados de la elaboración de los planes de recuperación, que ahora se realizarán con carácter general y no únicamente cuando exista una situación financiera que obligue a reestructurar la entidad, como sucede actualmente.

 

Por su parte, las agencias y sociedades de valores deberán asumir un coste nuevo de entre 56.640 y 146.240 euros –en función de si ninguna o todas ellas se ven sometidas a una actuación preventiva–, ya que hasta ahora no estaban sometidas a este tipo de regulación.

 

En definitiva, el incremento neto de cargas administrativas para el sector se situará entre un mínimo de 156.468 euros anuales y un máximo de 246.000 euros.

 

IMPACTO ECONÓMICO Y PRESUPUESTARIO

 

El impacto presupuestario de la ley, sin embargo, será positivo, ya que con la nueva normativa se reduce “significativamente” la posibilidad de usar recursos públicos para resolver crisis financieras, por lo que los “gastos potenciales en los que debería incurrir el Estado” caen de forma significativa.

 

Igualmente, el Gobierno confía en que la economía en general se beneficiará de esta normativa, ya que la obligación de que sean los acreedores y accionistas los que asuman las pérdidas de una entidad financiera en crisis “impondrá un comportamiento más prudente” en su gestión y reducirá los incentivos actuales a asumir riesgos excesivos, que además generan un “círculo vicioso de interdependencia” entre riesgo bancario y calificación de la deuda soberana.

 

“No basta (con exigir requerimientos de solvencia para prevenir este comportamiento). Es necesario contar con mecanismos que permitan que, cuando estos episodios (de inestabilidad financiera) aparecen tiene lugar una liquidación rápida, ordenada y con el menor impacto posible sobre la estabilidad financiera y las arcas públicas”, argumenta el Ejecutivo, que señala que los procedimientos ordinarios de insolvencia son demasiado lentos en este tipo de casos y además impiden mantener las funciones esenciales de las entidades.

 

Por eso, la nueva normativa “corrige esas deficiencias”, disminuyendo así el riesgo de que los problemas de una entidad financiera se acaben extendiendo a todo el sector y, por ende, a la economía real y al acceso del país a los mercados financieros internacionales, protegiendo a la vez tanto a depositantes como a contribuyentes.

 

MÁS COMPETENCIA

 

El coste de estos cambios será, sin embargo, un “aumento del coste de financiación para las entidades y, por consiguiente, del coste y el volumen de la financiación que éstas ofrecen al resto de agentes de la economía”.

 

Con respecto al futuro establecimiento de un requerimiento mínimo de fondos propios y pasivos con capacidad para absorber pérdidas incidirá en ese encarecimiento del crédito financiero, ya que muchas entidades podrían trasladar a su préstamos el coste de sustituir fuentes de financiación con garantías por otras fuentes no garantizadas con un precio superior.

 

Como contrapartida, la nueva regulación europea que se traspone con este proyecto de ley homogeneizará las condiciones en todos los países miembro, reduciendo así las diferencias en el coste de financiación ya que no pesará tanto de qué país procede la entidad bancaria sino su propia situación concreta, lo que será “enormemente beneficioso” para la competencia en el mercado “en igualdad de condiciones” y con menos “distorsiones”.

 

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