PP, PSOE y Cs rechazan derogar la ley que agiliza el cambio de sede de empresas

El diputado de Ciudadanos, Ignacio Prendes, durante su intervención hoy en el pleno del Congreso de los Diputados.

El diputado de Ciudadanos, Ignacio Prendes, durante su intervención hoy en el pleno del Congreso de los Diputados.

La mayoría del Congreso, con el apoyo del PP, PSOE y Ciudadanos, ha rechazado hoy derogar el real decreto que simplifica el cambio de domicilio social de las empresas sólo con la decisión del Consejo de Administración sin obligación de que participen los accionistas.

El pleno de la cámara baja ha debatido una iniciativa del PDeCAT, apoyada por Unidos Podemos, ERC y PNV, que insta a restaurar la modificación que fue aprobada en la Ley de Sociedades de Capital antes del referéndum soberanista en Cataluña del pasado 1 de octubre y que permitió que empresas catalanas pudieran cambiar de sede fuera de la comunidad autónoma con mayor celeridad.

El diputado del PDeCAT, Ferrán Bel, ha criticado que el real decreto se aprobara por motivos políticos y ha recordado que perjudica a los accionistas, que pierden su derecho a decidir sobre la sede social de la empresa cuando son “los verdaderos propietarios”.

“El Gobierno tenía que reaccionar ante el referéndum que finalmente se celebró y facilitó que las empresas votaran y lo hicieran con los pies”, ha dicho Bel.

Ha pedido restituir la situación ya que, una vez pasado el referéndum, se celebraron elecciones autonómicas convocadas por el Gobierno central, “aunque ganaran los que no querían”, ha dicho, y en referencia a la líder de Cs en Cataluña, Inés Arrimadas, ha añadido que “gana quien suma” y que “se está marcando un señor Rajoy, porque ha hecho lo mismo que hizo él, no presentarse a la investidura”.

El diputado del PDeCAT ha recordado que mientras 2.536 empresas se han marchado de Cataluña, 1.279 se han ido de Madrid y el 21 % de ellas se fueron a la comunidad autónoma catalana.

El diputado del PP Jordi Roca ha lamentado que a los independentistas no les importe la economía catalana y ha ironizado con que algunos políticos soberanistas estén siendo juzgados por “trincar” de esas empresas que se han querido marchar.

“Alimentan el resentimiento y han intentado demoler en unas horas el Estatuto y la democracia”, ha argumentado como razón por la que han huido las empresas catalanas.

El diputado socialista José Zaragoza ha defendido el cambio normativo porque su derogación supondría que las empresas que quisieran volver tuvieran que realizar un cambio legislativo más largo y “quedarían atrapadas” en una situación compleja.

Ha recriminado al PDeCAT que “echaran” a las empresas y perjudicaran a la economía catalana.

El diputado de C’s Toni Roldán ha incidido en que las empresas que se han ido de Cataluña lo han hecho por la culpa de la incompetencia de políticos dogmáticos de ERC y del PDeCAT, y ha recordado que se trataba de empresas emblemáticas de profundas raíces catalanas.

“Cordorniú sobrevivió a la guerra carlista, a Napoleón…pero han sido incapaces de sobrevivirles a ustedes”, les ha espetado, al tiempo que ha dicho que los independentistas han “dinamitado” la economía catalana y han hecho huir a los autónomos.

Roldán ha señalado que sin el real decreto aprobado hubiera habido un “corralito en Cataluña” dado que no había seguridad jurídica.

En cambio, el diputado de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, Josep Vendrell, ha defendido la derogación del real decreto porque supone una “irresponsabilidad” y una “asfixia económica” a Cataluña.

Ha asegurado que son “ataques económicos” y ha pedido reconstruir el catalanismo, defender el autogobierno y la escuela catalana.

Desde ERC, Gabriel Rufián ha dicho que el real decreto es un “a por ellos económico del Gobierno contra la soberanía del pueblo de Cataluña” y ha advertido de que el peligro de la economía española y catalana no es votar, sino evadir impuestos.

La diputada del PNV Idoia Sagastizabal ha apoyado esta derogación al igual que lo hizo durante el debate de convalidación porque atiende a intereses partidistas y políticos, consecuencia de una “coyuntura determinada”.

Ha afirmado que la Junta General de Accionistas es el órgano supremo en las empresas y este cambio pone en riesgo las inversiones y puede provocar conflictos societarios, al tiempo que -en su opinión- no se puede gobernar “con impulsos”.

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